Cuando un nuevo gobierno asume el poder en Colombia, se genera una pausa colectiva para analizar programas, nombramientos y las primeras señales de rumbo. Sin embargo, rara vez se menciona la herencia técnica que recibe el Estado: sistemas de información construidos capa sobre capa, registros administrativos con décadas de historia, formularios y bases de datos que sustentan decisiones de política pública que afectan a millones de personas. Comprender qué existe en ese archivo heredado, qué funciona, qué necesita fortalecerse y qué debe transformarse para tener una imagen más completa de Colombia debería ser una tarea decisiva para diseñar políticas inclusivas.
El archivo heredado: luces y sombras
Cada gobierno recibe un archivo abierto con cifras, diagnósticos, mapas, presupuestos y registros de decisiones previas, algunas consolidadas y otras a medio camino. También hay espacios en blanco: vidas que existen plenamente en calles, hospitales, trabajos y familias, pero que aparecen incompletas cuando el país intenta contarse a sí mismo. En esos detalles técnicos se decide quién es visible para el Estado, para quién se diseñan las políticas y quiénes permanecen invisibles ante las instituciones que deberían protegerlos.
El desafío de los sistemas de información
Entre los muchos retos del nuevo gobierno, hay uno que ocupa poco espacio en la conversación pública: cómo construir sistemas de información más precisos, confiables y justos para comprender la diversidad real de la sociedad colombiana. Un Estado moderno necesita datos que reflejen la realidad que gobierna. Sin esa base, las políticas públicas tienen zonas ciegas: recursos mal dirigidos, barreras de acceso no medidas, violencias no contadas porque los registros no saben clasificarlas. Esto aplica a múltiples poblaciones históricamente incompletas en los sistemas, pero en el caso de las personas trans, el desafío tiene urgencia particular, porque los vacíos son profundos y las consecuencias inmediatas. La justicia estadística, entendida como el derecho a ser reconocidas en los sistemas gubernamentales y a que los datos oficiales reflejen la verdadera diversidad, sigue siendo una tarea en construcción.
Avances jurídicos y brechas institucionales
Colombia ha dado pasos importantes en el reconocimiento jurídico de las identidades trans, permitiendo actualizar documentos para reflejar quiénes son. Entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el DANE y Medicina Legal han trabajado en ajustes para traducir esos avances legales en sistemas de información coherentes. Estos procesos responden a compromisos institucionales que buscan garantizar derechos constitucionales. La oportunidad del nuevo gobierno es concreta: Colombia ya cuenta con uno de los marcos jurídicos más avanzados de la región en reconocimiento de identidades trans, con procesos institucionales en marcha que otros países apenas discuten. Consolidar esos avances y cerrar la brecha entre la ley y los registros no requiere empezar de cero, sino continuar con coherencia lo iniciado.
Problemas en la producción de datos
El primer desafío está en la producción de datos. Colombia no tiene criterios unificados para recoger información sobre identidad de género: distintas entidades preguntan de maneras distintas, con categorías distintas, o simplemente no preguntan. Muchos formularios reducen la información a “hombre” o “mujer”, sin diferenciar entre el documento de identidad, el sexo asignado al nacer y la identidad vivida. Además, los sistemas han sido diseñados sin participación de organizaciones trans, y quienes diligencian los registros rara vez tienen formación sobre identidad de género. El resultado es una cadena frágil: datos inconsistentes, recogidos por personas sin preparación, y que pocas veces se usan para decisiones de política pública.
Circulación y protección de datos
El segundo desafío es que los datos producidos no circulan bien ni están suficientemente protegidos. Los sistemas de salud, justicia, protección social y estadísticas vitales funcionan con lógicas separadas: lo que registra una EPS no lo ve Medicina Legal, lo que clasifica la Fiscalía no coincide con lo que reportan las organizaciones de derechos humanos. Cuando alguien actualiza su marcador de género en la cédula, ese cambio no se propaga automáticamente a otras bases de datos. El resultado es que es imposible saber con precisión cuántas personas trans mueren en Colombia, por qué causas y bajo qué condiciones, información básica para políticas de salud pública o seguridad. La solución no es solo conectar sistemas: la visibilidad estadística sin protecciones puede ser peligrosa en contextos de violencia y discriminación. Por eso, la interoperabilidad y la confidencialidad deben avanzar juntas.
La importancia de gobernar con datos diversos
Este conjunto de desafíos debería ser importante para cualquier gobierno. Un Estado eficiente necesita información precisa sobre la realidad que gobierna. Uno que quiere reducir violencias necesita identificar dónde ocurren, con qué frecuencia y contra quiénes. Uno que quiere mejorar el sistema de salud necesita reconocer las barreras que impiden el acceso al cuidado. Gobernar para un país diverso exige sistemas capaces de comprender esa diversidad, no como concesión ideológica, sino como condición del buen gobierno.
Oportunidad para el nuevo gobierno
La justicia estadística para personas trans puede parecer un asunto técnico o secundario, pero revela preguntas fundamentales: ¿A quién ve el Estado cuando produce evidencia? ¿Qué vidas aparecen con nitidez y cuáles permanecen borrosas? ¿Qué políticas llegan tarde porque el problema no se ve en los registros? Las respuestas apuntan a sistemas que traten la diversidad como parte de la realidad, no como excepción. El nuevo gobierno tiene instrumentos, procesos iniciados desde administraciones anteriores y una hoja de ruta que puede continuarse. La oportunidad está en ese archivo heredado, en esos avances institucionales con raíces que esperan consolidación. Conocer mejor a la población no es un lujo del buen gobierno, sino su punto de partida.
