El proceso electoral que vive el país parece estar sacando lo peor de nosotros. Los niveles de polarización han alcanzado tal intensidad que hoy se teme que la violencia escale de lo verbal a lo físico. Un temor, por demás, justificado cuando el propio jefe de Estado insiste en la existencia de conspiraciones para consumar un fraude electoral o un golpe de Estado que solo habita en sus fantasías, o peor aún, en su aspiración de convertirse en el caudillo derrocado por el establecimiento.
El riesgo de un presidente que convoca a las calles
El riesgo es evidente: un presidente que convoca a un pueblo engañado a salir a las calles para “defender” la democracia frente a una derrota que presenta como hipotética, pero que anticipa como inevitable. Frente a este escenario, la expectativa es clara: que la justicia actúe con neutralidad. Que se mantenga al margen de una contienda política que no le corresponde y que resista cualquier intento de instrumentalización por parte de una clase política que parece perseguir todo, menos la defensa de la institucionalidad.
El papel del sistema judicial como árbitro imparcial
El papel del sistema judicial es inequívoco: fungir como árbitro imparcial y como contrapeso frente a los excesos del Ejecutivo. Su misión consiste en proteger el Estado de derecho, garantizar la separación de poderes y asegurar que tanto los actores políticos como los ciudadanos se sometan a la Constitución. Sin embargo, algunas decisiones recientes han enviado un mensaje preocupante: que la justicia no solo incumple ese rol, sino que comienza a ceder ante presiones y a dejarse arrastrar por la lógica de la contienda política.
Decisiones judiciales que desbordan competencias
Resulta, entonces, desconcertante que, mientras las altas cortes, en particular el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, intentan sostener la institucionalidad y preservar la credibilidad del sistema, jueces y tribunales adopten decisiones en materia electoral que desbordan claramente sus competencias. Estas actuaciones no solo evidencian las fragilidades del sistema judicial, sino que también reflejan un uso desviado de la acción de tutela, concebida en 1991 como un mecanismo de protección de derechos fundamentales y no como una herramienta para intervenir en disputas políticas o simbólicas.
El colapso del sistema y las tutelas innecesarias
En un sistema colapsado, con cientos de miles de tutelas, muchas de ellas necesarias ante la incapacidad estatal para garantizar derechos, resulta difícil justificar que se destinen esfuerzos judiciales a debates como el uso de una camiseta de la selección de fútbol o de los símbolos patrios. El debate público no debería nutrirse de decisiones judiciales que poco aportan y que, por el contrario, erosionan su calidad. En momentos en los que el país necesita discutir ideas, termina subordinado a actuaciones judiciales que, aunque no representen a la mayoría, proyectan la imagen de una justicia politizada y errática.
La crisis estructural de la justicia colombiana
No es un secreto que la justicia colombiana enfrenta una crisis estructural: congestión, impunidad, corrupción y una creciente politización que ya no se limita a las altas cortes, sino que empieza a permear otros niveles. Precisamente por ello, cada actuación judicial debería contribuir a restaurar su legitimidad, no a profundizar su deterioro. Que la clase política intente influir en la justicia no sorprende: es una práctica arraigada que se intensifica en tiempos electorales. Lo verdaderamente grave es que algunos jueces sucumban a esas presiones y asuman un rol protagónico en una disputa que no les corresponde.
Cuando la justicia se convierte en jugador
Porque cuando la justicia entra en la arena política, deja de ser árbitro y se convierte en jugador. Y en ese tránsito, lo que está en juego no es solo una elección, sino la credibilidad misma del Estado de derecho.
