Un juzgado de Medellín concedió una acción de tutela interpuesta por Santiago Alarcón Serna y concluyó que la cancelación de la presentación del libro “El M-19. De la guerra a la política” vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política.
Decisión judicial dos meses después de la controversia
La decisión judicial se conoce poco más de dos meses después de la controversia generada por la orden del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de suspender el evento programado en la Biblioteca Pública Piloto, mismo que terminó realizándose sin equipos institucionales y bajo presencia policial.
En el fallo, el Juzgado 47 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento determinó que la actuación de las autoridades constituyó una restricción indebida al ejercicio de la libertad de expresión y recordó que la Constitución prohíbe la censura previa.
Vulneración persistente pese a realización del evento
El despacho también señaló que el hecho de que la actividad finalmente se realizara, gracias a la permanencia de los asistentes y sin apoyo institucional, no elimina la vulneración de los derechos invocados.
Durante el proceso, el Distrito y la Biblioteca Pública Piloto defendieron su actuación argumentando que la decisión obedeció al cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales y a la necesidad de preservar la neutralidad institucional en medio del calendario electoral. Además, sostuvieron que no existió censura porque el libro fue presentado y difundido pese a la cancelación oficial.
Argumentos del juez y medidas ordenadas
Sin embargo, el juez acogió los argumentos del accionante y de los organizadores del evento, quienes insistieron en que la actividad tenía un carácter académico y no proselitista, por lo que la orden de suspensión constituyó una limitación injustificada.
Ahora y a pesar de que la Alcaldía presentará una apelación, Gutiérrez y el director designado de la Biblioteca Piloto deberán, en el término de cuarenta y ocho horas hábiles, emitir una comunicación oficial donde se reconozca que se generó una afectación a algunos de los derechos fundamentales.
