La Justicia Penal Militar precluyó la investigación contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez, jefe del esquema mixto de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La decisión se tomó al concluir que no existían elementos para atribuirle responsabilidad por comisión por omisión en calidad de garante dentro del caso por el magnicidio.
Fallo de la Fiscalía Penal Militar
Durante el proceso, la Fiscalía Penal Militar determinó que el evento político en el parque El Golfito fue planeado con varios días de anticipación por el equipo del senador, sin que el esquema de seguridad fuera incluido en la organización ni en la notificación de los cambios de agenda. El ente investigador sostuvo que “las pruebas demuestran que se redujo la capacidad de respuesta anticipada del esquema de protección, donde los hechos probados permitieron evidenciar planificación realizada por el equipo de trabajo del senador, sin incluir al esquema de seguridad”.
La Fiscalía precisó que el acto político se preparó con al menos una semana de antelación y contó con una pregira logística. La secretaria privada del senador informó oficialmente al subcomisario Gómez sobre la actividad el mismo sábado 7 de junio a las 7:07 de la mañana, lo que generó una “imposibilidad material de realizar la avanzada que exige inspeccionar los sitios con 1 o 2 días de antelación para verificar rutas, hospitales cercanos, identificar refugios seguros y coordinar con la policía de la jurisdicción”.
Responsabilidad del subcomisario
El juez consideró que decisiones como la distribución del esquema de protección entre el senador y su familia o el descanso de tres integrantes el día del evento correspondían a funciones administrativas ajenas a la responsabilidad directa del subcomisario. En la decisión señaló que “la fuerza criminal de quienes venían planeando este magnicidio superó el esfuerzo del hombre de protección subcomisario Gómez Velasco” y destacó que el uniformado actuó con la información y los medios disponibles.
Tras el ataque, el subcomisario reaccionó protegiendo al senador con su propio cuerpo y exponiendo su vida para evitar una nueva agresión. Finalmente, concluyó que “el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión no puede ser inferido a partir de apreciaciones subjetivas ni de la mera ocurrencia de un resultado lesivo, sino que exige prueba concreta que permita establecer la existencia de una voluntad consciente y deliberada de omitir el cumplimiento de ese deber”, razón por la cual resolvió precluir la investigación a su favor.
