Un debate de control político en el Concejo de Chía ha generado interrogantes sobre el futuro financiero del municipio debido a una millonaria obligación derivada del contrato de alumbrado público firmado en 2018. Los concejales advierten que la administración local deberá asumir una indemnización cercana a los 40 mil millones de pesos tras la anulación del contrato por parte del Consejo de Estado.
Detalles del contrato anulado
El contrato, suscrito con el consorcio Iluminaciones de la Sabana S.A.S., tenía como objetivo la operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público de Chía durante un período proyectado de 30 años. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró la nulidad del acuerdo al encontrar irregularidades en el proceso de selección del contratista y ordenó al municipio retomar la prestación del servicio.
Preocupación de los concejales
Durante el debate, los concejales expresaron su preocupación por el origen de los recursos para cubrir esta obligación y señalaron que la administración debe definir cómo responderá ante este pasivo. Algunos integrantes del cabildo cuestionaron que la responsabilidad pueda recaer en la próxima administración, debido al impacto que tendría sobre las finanzas públicas del municipio.
Además, se destacó la necesidad de avanzar en un nuevo proceso contractual para garantizar la continuidad del servicio de alumbrado público, teniendo en cuenta que el municipio tiene un plazo establecido para estructurar una nueva solución. Los concejales también alertaron sobre la incertidumbre frente al manejo de la infraestructura instalada y la operación futura del sistema.
Antecedentes del caso
El caso del alumbrado público de Chía ha generado cuestionamientos desde años atrás. La Procuraduría investigó presuntas irregularidades relacionadas con la licitación y el proceso contractual, señalando posibles fallas en aspectos de planeación, requisitos financieros y selección del contratista.
Declaraciones del alcalde
Blu Radio contactó al alcalde de Chía, Leonardo Donoso, quien respondió que la cantidad exigida por el consorcio no es la sustentada, ya que según la sentencia lo que se debe pagar es la inversión realizada. Resaltó además que la finalización del contrato se debió a la falta de cumplimiento de requisitos por parte del contratista.
“Se contrató una consultoría para determinar el valor de la infraestructura que ellos invirtieron. Calculamos, no tenemos un número exacto, pero creemos que está alrededor de los 14 mil millones el valor de la infraestructura”, aseguró. Donoso mencionó que una de las soluciones sería la creación de una sociedad de economía mixta en la que se buscaría un socio que aporte el 45% más un valor adicional, que serían los 14 mil millones para pagar al concesionario anterior.
“Le vamos a pedir autorización al Concejo para crear una sociedad de economía mixta donde el municipio es dueño del 55% y un socio estratégico llega a operarlo aportando el 45%. Y lo que se le solicitará a ese socio estratégico es aportar un valor de 14 mil millones de pesos, que es el valor de la infraestructura, para que con ese valor se le pague al antiguo concesionario y la infraestructura quede a nombre del municipio, siendo el municipio mayoritariamente socio”, señaló.
Polémica por presuntos vínculos
En medio de esta controversia, versiones de redes sociales y medios locales sugieren que la intención del municipio tras finalizar el contrato de iluminación sería entregarlo nuevamente a una empresa que pertenece a Euclides Torres, el empresario implicado en el caso de Nicolás Petro y la financiación de la campaña del presidente Petro. Al preguntarle al alcalde, Leonardo Donoso aseguró conocer esa versión por redes sociales, pero negó cualquier vinculación con Torres.
“Si el Concejo lo aprueba, se constituye y se busca mediante licitación pública el socio o socios estratégicos para la nueva empresa de economía mixta. Es mediante una licitación. Podrá ser cualquier colombiano, persona natural o jurídica. Además, no sé quién es el señor Euclides Torres, no lo conozco ni tengo relacionamiento con esa persona. Inclusive creo que esas declaraciones salieron de redes sociales por parte de un veedor del río Bogotá”, concluyó.
Por ahora, el municipio está a la espera del resultado del informe de la consultoría contratada para determinar la cuantía que debe devolverse a la concesión anterior.
