El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) aumentó significativamente en Colombia durante los últimos cuatro años, según un informe divulgado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. La organización reportó que, en los casos acompañados por esta entidad, la atención vía EPS pasó del 40,9% en 2022 al 62,9% en 2025, un incremento de 22 puntos porcentuales.
Avances en la canalización por el sistema de salud
El documento, titulado 'Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento', recoge las experiencias de 2.532 mujeres, niñas y adolescentes que enfrentaron barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo después de la sentencia de 2022, que despenalizó el aborto libre hasta la semana 24 de gestación en Colombia. En total, 1.360 mujeres lograron terminar sus embarazos de manera segura tras recibir acompañamiento de La Mesa.
Yesenia Naranjo, una de las autoras del informe, explicó que ha cambiado el tipo de acompañamiento requerido. “La mayoría de mujeres requerían acciones legales desde la mesa, pero ahora vemos que solo el 19,2% requirió ese acompañamiento legal y podemos ver que las asesorías tuvieron un aumento”, señaló durante la presentación del texto. De los 2.532 casos analizados, el 76% requirió principalmente información sobre el derecho al aborto y los mecanismos para acceder al servicio de salud.
Persisten barreras para poblaciones vulnerables
Aunque el informe destaca el crecimiento del acceso a través de las EPS, también advierte que persisten obstáculos vinculados al funcionamiento del sistema de salud. Estos afectan de manera diferenciada a mujeres de zonas rurales, comunidades étnicas y raciales, población migrante y personas en otras situaciones de vulnerabilidad. El acceso formal no elimina por completo las dificultades para recibir atención oportuna.
Laura Castro González, directora ejecutiva de La Mesa, señaló que el informe “da cuenta del lugar central que la atención de casos tiene para la organización y de cómo, a partir de esta, se han impulsado transformaciones legales, políticas y culturales por el reconocimiento del derecho al aborto durante las pasadas dos décadas de trabajo”. El estudio también reporta que seis mujeres solicitaron apoyo legal debido a procesos de criminalización relacionados con el aborto.
Sistema público gana peso en la atención del aborto
Otro dato relevante es la caída en el uso de subsidios para recibir atención en instituciones prestadoras de salud privadas, que pasó del 31% al 1,2% en el mismo periodo, reforzando la tendencia hacia un acceso canalizado por el sistema público. Además, el 44,9% de las solicitudes de acceso ocurrió durante las primeras 12 semanas de gestación.
Por ubicación, los departamentos con mayor número de casos atendidos fueron Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Sin embargo, al contrastar con el tamaño de la población, el informe encontró una mayor incidencia en Meta, Guainía y Guaviare. Sara Méndez, asesora jurídica y de incidencia de La Mesa, afirmó que los resultados “muestran que el acceso va más allá de la garantía de los derechos reproductivos en cada caso y también contribuye a transformar las condiciones legales y políticas en las que se ejerce este derecho”.
