En Colombia, el etiquetado frontal de productos ultraprocesados ha generado un enfrentamiento entre dos visiones irreconciliables. Por un lado, la academia y la sociedad civil apoyan al Ministerio de Salud (Minsalud) en la actualización de las advertencias sobre el riesgo que representan estos alimentos para la salud, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Por el otro, gremios y grandes industrias con intereses comerciales en bebidas y comida chatarra se oponen a estas medidas.
El contexto del etiquetado frontal en Colombia
Actualmente, Colombia cuenta con octágonos que alertan sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y trans, así como sobre la presencia de edulcorantes. Sin embargo, la Ley 2120 de 2021 (Ley Comida Chatarra) y el impuesto saludable a los ultraprocesados (Ley 2277 de 2022) llevaron a que los fabricantes transformaran los empaques. Empresas como Todo Rico y otros gigantes de la industria eliminaron los sellos de advertencia, pero no porque sus productos se volvieran saludables. Por el contrario, reformularon aumentando el nivel de ultraprocesamiento, con más aditivos y mayor daño potencial, con el objetivo de evitar el etiquetado frontal.
¿Por qué es necesaria una nueva advertencia?
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es urgente complementar el etiquetado actual con un sello específico de ultraprocesamiento. Esto se debe a que los productos ultraprocesados, aunque parten de alimentos, pierden su matriz alimentaria y capacidad de nutrir durante su preparación, y se les agregan aditivos químicos, sabores y colores artificiales que los hacen adictivos. En niños y adolescentes, estos productos desplazan el consumo de alimentos reales en etapas críticas de desarrollo, aumentando los riesgos de hipertensión, diabetes tipo 2, caries, cáncer y enfermedades cardiovasculares a edades tempranas.
Impacto en la justicia social
Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, señala: "En contextos de pobreza, las calorías baratas de la comida chatarra son la opción más accesible. Por eso, el etiquetado y el impuesto saludable no son solo herramientas informativas, sino mecanismos de justicia social para evitar que el nivel de ingresos determine la salud de las personas". Además, el costo de tratar enfermedades crónicas derivadas de los ultraprocesados supera cualquier beneficio económico que el país pueda obtener por su venta, y son los colombianos quienes pagan esa factura.
La reformulación engañosa de la industria
La Ley Comida Chatarra y el impuesto saludable buscaban reducir el consumo de ultraprocesados. Sin embargo, la industria respondió reformulando sus productos para eliminar los sellos de advertencia, pero aumentando el grado de procesamiento. Esto hace que el etiquetado actual sea insuficiente. Piñeros Ospina advierte: "Dentro de unos meses veremos en una estantería unas papas con sellos de exceso de grasas saturadas y exceso de sodio —seguramente una marca local— al lado de un paquete de papas fritas que logró deshacerse de ellos, pero que llevará un etiquetado difícil de maquillar: ADVERTENCIA ULTRAPROCESADO".
El llamado a la evidencia científica
La serie de artículos publicados por The Lancet a finales de 2025 demuestra el daño que producen los ultraprocesados. Ante esto, el Minsalud debe decidir si escucha a la evidencia científica o a los gremios y poderosas industrias. La respuesta tendrá consecuencias directas sobre la salud de todos los colombianos. Como concluye Piñeros Ospina: "Al final de cuentas, el espíritu de la Ley Comida Chatarra es que estemos informados para tomar mejores decisiones y que el etiquetado se base en la mayor evidencia sin conflictos de interés".
