La Procuraduría General de la Nación ha revelado graves problemas financieros y de gestión en las EPS intervenidas por el Gobierno, tras la suspensión de cinco interventores. En entrevista exclusiva con SEMANA, la procuradora delegada para el sector Salud, Mónica Ulloa, señaló que el sistema de salud colombiano no está funcionando adecuadamente.
Las EPS afectadas son Asmetsalud, Coosalud, Saviasalud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. Según Ulloa, las visitas administrativas realizadas desde julio del año pasado evidenciaron un deterioro progresivo en los indicadores financieros y en la gestión del riesgo en salud. Además, se encontraron ineficiencias en la contratación, con un uso excesivo de contratación por evento, que es la más costosa.
La procuradora destacó que las tutelas y los incidentes de desacato han aumentado significativamente, lo que refleja una falta de capacidad de respuesta por parte de las EPS intervenidas. En particular, mencionó que Nueva EPS ni siquiera tenía registro del volumen de tutelas recibidas, lo que agrava la crisis.
Ulloa explicó que se produjeron más de nueve informes, ocho de ellos con carácter disciplinario, que fueron remitidos a las Procuradurías Delegadas de Vigilancia Administrativa. Estos informes evidencian incumplimientos en los planes de mejoramiento y acción que debían ejecutar los interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.
La situación actual ha reavivado las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien hace dos años sugirió que las EPS podrían quebrar para impulsar una reforma a la salud. Para la Procuraduría, el sistema de salud enfrenta una crisis sistémica que requiere atención urgente.
