El suroccidente de Colombia ha sido escenario de una escalada de violencia. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre enero de 2022 y marzo de 2026 se registraron 586 ataques de grupos armados ilegales en Cauca y Valle del Cauca. Con los recientes hechos ocurridos entre el 24 y 28 de abril, la cifra asciende a 620. La FIP advierte que la crisis no es coyuntural, sino un proceso acumulado desde la creación de las disidencias en Cauca a principios de 2018.
Las autoridades señalan como principal responsable al Bloque Occidental de la disidencia Estado Mayor Central, comandado por alias 'Marlon'. Esta facción cuenta con al menos 2.651 integrantes y 11 frentes, ocho de los cuales operan en Cauca y Valle. Entre sus estructuras más fuertes están la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño y la Jaime Martínez, esta última señalada de cometer varios de los atentados recientes. Es el grupo que más ataca a la Fuerza Pública y a la población civil, y tiene el récord de ser el que más ataques con drones ha realizado desde 2024.
La FIP explica que la violencia en esta región se debe a su ubicación estratégica: conecta el centro del país con el Pacífico, articula corredores entre cordilleras y concentra economías ilegales. Controlar esta región implica incidir sobre rutas, producción y salida de rentas criminales, lo que la convierte en un espacio de disputa histórica entre distintos actores armados.
Los datos muestran un aumento significativo en 2025, siendo el periodo con más ataques en los últimos 15 años. Solo en Cauca, el año pasado se registraron 175 hechos violentos, un 52% más que en 2024. La Defensoría del Pueblo resalta que Cauca fue el departamento más afectado por confinamiento durante el primer trimestre de 2026, con restricciones a la movilidad en municipios como Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí.
A nivel nacional, hubo 26 eventos de confinamiento que impactaron a 39.807 personas entre enero y marzo de 2026. La Defensoría detalla que mediante amenazas, incursiones, homicidios, reclutamiento forzado de menores y uso de artefactos explosivos, los grupos armados imponen restricciones a la movilidad, afectan el acceso a alimentos, salud y educación, y profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, especialmente indígenas y afrodescendientes.
