En el marco del programa RenHacemos, liderado por el Ministerio de Defensa y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, más de 8.000 familias en Putumayo se han sumado a una de las iniciativas más ambiciosas de cambio social. El objetivo es promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación productiva de los territorios.
Un futuro digno desde la legalidad
La estrategia busca que miles de familias campesinas abandonen la economía ilegal para construir un futuro digno en el marco de la legalidad. El Gobierno Nacional impulsa esta transición ecológica y productiva ofreciendo asistencia técnica y pagos mensuales a quienes erradiquen sus cultivos ilícitos.
Hasta el momento, más de ocho mil familias han decidido erradicar voluntariamente más de 14.500 hectáreas de hoja de coca. Estas serán reemplazadas por proyectos productivos legales como cacao, café, ají y plátano, generando nuevas oportunidades de ingreso, estabilidad y bienestar para sus comunidades.
Estas familias, que durante años fueron instrumentalizadas por grupos criminales para sembrar y cultivar hoja de coca, ya iniciaron el levantamiento de los cultivos ilícitos que alimentaron las economías criminales y la violencia en esta región del país.
Diálogo y acuerdos comunitarios
Desde el Gobierno señalan que “RenHacemos representa un cambio profundo en la manera de enfrentar el fenómeno de los cultivos ilícitos. Hoy, el diálogo y los acuerdos comunitarios reemplazan la confrontación, permitiendo que sean las propias comunidades quienes lideren la transición hacia economías legales y sostenibles”.
El programa contempla asistencia técnica permanente, incentivos económicos y apoyo integral para las familias. El objetivo es fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar que las comunidades campesinas que adopten la estrategia puedan consolidar estos proyectos productivos de forma estable y sostenible en el tiempo.
Resultados a nivel nacional
Según el Gobierno, a nivel nacional más de 31.000 familias ya avanzan en procesos de sustitución voluntaria. Cerca de 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos están siendo transformadas por alternativas legales en diferentes regiones del país.
