Una organización criminal dedicada a regularizar de manera fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante más de un centenar de contratos de trabajo falsos ha sido desarticulada por la Guardia Civil en Almería en la operación 'Lutasanol'. La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada trámite fraudulento.
La operación, informada este miércoles por el instituto armado en un comunicado, ha resultado en la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral.
Se realizó un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones, donde se intervinieron abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas sobre la actividad delictiva y dinero en efectivo presuntamente procedente de los cobros a las víctimas.
Captación de extranjeros y contratos ficticios
Según la investigación, iniciada el año pasado, los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes para presentar documentación aparentemente legal ante la administración, a cambio de sumas entre 4.500 y 10.500 euros.
Los agentes constataron que la organización daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y podían facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Actividad extendida más allá de Almería
La organización extendía su actividad más allá de la provincia de Almería, captando ciudadanos en Murcia y diversos puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La estructura contaba con funciones "perfectamente repartidas" entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa.
Se trataba de una activa red criminal "interprovincial" que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España.
Se ha detenido a la persona que ejercía las funciones de captador y han sido investigados los administradores de la mercantil localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, así como el gestor laboral contable con despacho profesional en Almería.
