El ambiente en los alrededores de la cárcel de Yare, en el estado Miranda, era de tensión y opacidad informativa tras 48 horas del presunto motín ocurrido el pasado lunes. La única cifra oficial, emitida por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, reportó cinco privados de libertad muertos en un enfrentamiento entre reclusos. Sin embargo, las familias de los detenidos rechazan esa versión y afirman que se trató de una masacre.
Desde primeras horas del miércoles, madres y esposas se apostaron frente al portón de acceso a las cárceles Yare II y Yare III, portando bolsas de alimentos, ropa y documentos. Algunas recibieron la noticia de que sus familiares habían sido trasladados a otros penales, mientras otras lograron entregar paquetes, lo que interpretaban como señal de que el preso seguía en el centro.
Yusmary Montes, madre de un recluso, exigió el listado original de los detenidos, pues considera que el oficial es falso. “No he recibido fe de vida”, dijo. Cuestionó la versión del motín señalando que en la cárcel no permiten el ingreso de objetos peligrosos. “¿Cómo va a entrar un arma?”, preguntó. Las familias insisten en que la violencia provino de los funcionarios, quienes habrían disparado y golpeado a los presos hasta matarlos.
Según los familiares, al menos siete autobuses salieron el miércoles con presos trasladados hacia El Rodeo y Hombre Nuevo, entre otros centros. Muchos llegaron heridos directo a enfermería o fueron llevados al hospital de Ocumare. Cada traslado generaba alivio por saber que estaban vivos, pero terror por desconocer su estado de salud.
Yusmary Montes relató que su hijo, contador público y extrabajador de una alcaldía, lleva tres años preso sin juicio y cada vez que lo ve está “morado de los golpes”. Las familias exigen la destitución del ministro Julio García Zerpa y que se investigue el uso de armas por parte de los funcionarios.
