La Fiscalía General de la Nación solicitó ante el magistrado Fabio David Bernal Suárez, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que se mantenga la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y uno de los ex altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La fiscal María Cristina Patiño, encargada del caso, explicó que "la medida de aseguramiento no se ha podido materializar, puesto que el procesado González Merchán se encuentra prófugo de la justicia, amparado en una solicitud de asilo político que ha impedido su detención y su sometimiento para el cumplimiento de la decisión judicial". Actualmente, el exfuncionario se encuentra en Nicaragua.
Fiscalía descarta persecución política
Según el ente investigador, las afirmaciones de González sobre una supuesta persecución política y un presunto montaje judicial no tienen respaldo en los elementos recopilados durante el proceso. La Fiscalía cuestionó los argumentos que sustentan su solicitud de asilo político y señaló que la investigación se originó a partir de declaraciones y denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la Ungrd.
La fiscal Patiño recordó que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no pueden exceder un año de vigencia. En ese sentido, precisó que la medida impuesta contra Carlos Ramón González fue decretada el 3 de julio de 2025 y "se encuentra vigente hasta el próximo 2 de julio de 2026".
Delitos imputados
Carlos Ramón González es señalado por los delitos de lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
¿Quién es Carlos Ramón González?
González fue director del Dapre y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La Fiscalía lo investiga por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Ungrd, a partir de testimonios de otros implicados que lo señalan como uno de los posibles articuladores del desfalco.
Entre los principales testigos se encuentran Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres. Ambos han declarado que desde el entorno de González se habrían impartido instrucciones para entregar dádivas a congresistas, con el objetivo de facilitar el avance de iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso.
Reunión clave en septiembre de 2023
Uno de los episodios clave del caso ocurrió en septiembre de 2023, cuando, según Olmedo López, se habría llevado a cabo una reunión en la que se definió el pago de sobornos. De acuerdo con su versión, en ese encuentro se habría ordenado la entrega de COP 3.000 millones a Iván Name, entonces presidente del Senado, para destrabar reformas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la pensional y la de salud.
A partir de esas declaraciones, el expediente se amplió a otros nombres, como Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y capturado el 7 de mayo de 2025, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones. Ambos son investigados por su presunta participación en la red de corrupción.
Según el testimonio de López, Ortiz habría sido la encargada de ejecutar las órdenes, al entregar COP 3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y gestionar un pago adicional de COP 1.000 millones a Calle en Montería. Aunque González ha negado ante la Corte Suprema haber impartido estas instrucciones, la Fiscalía ha dado credibilidad a los testimonios y continúa recopilando pruebas para establecer su eventual responsabilidad.
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