La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para esclarecer la presunta participación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo en la intervención de un mural ubicado cerca de La Alpujarra, en Medellín, ocurrida el pasado 4 de julio. La actuación del ente de control busca identificar a los responsables y determinar si hay méritos para iniciar un proceso disciplinario.
Antecedentes del mural y la queja del alcalde
El mural, pintado en el puente vehicular de la Avenida Ferrocarril con San Juan, generó controversia porque, según el alcalde Federico Gutiérrez, no contaba con los permisos de las autoridades y contenía referencias a movimientos de extrema izquierda internacional como Antifa y la Carta de Argel. El mandatario local envió una carta a la Procuraduría solicitando investigar los hechos.
“Yo como alcalde de Medellín tengo que hacer cumplir la norma. En Medellín tenemos una reglamentación frente a la utilización del espacio público y algunos han confundido vandalismo con arte. Eso nada tiene que ver”, declaró Gutiérrez.
Detalles de la indagación preliminar
Según el documento de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, la investigación verificará la ocurrencia de los hechos, identificará a los servidores públicos que pudieron haber intervenido y determinará las circunstancias de su presencia en el lugar. La Procuraduría aclaró que el objetivo no es evaluar la legalidad de la intervención artística en el espacio público, sino esclarecer la eventual intervención de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y establecer si existe mérito para una investigación disciplinaria.
“La finalidad no es determinar la legalidad y legalidad de la intervención realizada sobre el espacio público, sino únicamente esclarecer los hechos relacionados con la eventual intervención de servidores públicos de la Defensoría del Pueblo y establecer si existen méritos para la apertura de una investigación disciplinaria”, señala el documento.
Entidades vinculadas y próximos pasos
La Procuraduría solicitó a la Defensoría del Pueblo explicar si hubo presencia de sus funcionarios en el lugar, las razones de su presencia y si se rindió algún informe institucional sobre la actividad. Asimismo, se vinculó a la Personería Distrital y a la Policía Nacional para que identifiquen a los servidores que pudieron intervenir en la situación.
Este nuevo capítulo se suma a la polémica generada por el mural, que ha sido rechazado por el alcalde y sectores de la ciudad, quienes consideran que se trata de un acto vandálico disfrazado de arte.
