Mientras el país debate el futuro de su sistema energético, la Contraloría General de la República reveló una cifra que pone en evidencia uno de los mayores desafíos pendientes: 1,3 millones de hogares colombianos aún no tienen acceso a electricidad, y cerrar esa brecha requeriría inversiones superiores a los $32 billones.
El costo de la cobertura universal
El organismo de control explicó que garantizar el servicio de energía para todos los hogares será una de las decisiones más importantes que deberá tomar el próximo gobierno. La advertencia no solo abarca la falta de acceso, sino también las deudas acumuladas en subsidios y servicios públicos que afectan la operación del sistema.
“Se necesita garantizar cobertura para 1,3 millones de viviendas, lo que implica $32 billones adicionales para alcanzar el 100%”, señaló una funcionaria de la Contraloría.
Deudas que agravan la situación
El reto de llevar energía a todos los hogares coincide con un escenario de presiones fiscales. Según cifras a febrero, el Estado adeuda $1,3 billones al sector de gas natural por red, $3,8 billones en energía eléctrica, $4,5 billones por la opción tarifaria de la pandemia y $776.000 millones en subsidios al gas licuado de petróleo (GLP).
Estos compromisos suman más de $10 billones y deben ser atendidos para asegurar la continuidad y expansión de los servicios públicos. Empresas como Air-e, Afinia, Electrohuila y Electrocaquetá han manifestado preocupación por la sostenibilidad operativa ante los retrasos en los pagos.
La funcionaria agregó que el déficit fiscal del 6,4% se financia principalmente con endeudamiento, lo que reduce el espacio para inversiones estratégicas en energía e infraestructura.
Subsidios e inversiones en marcha
Para 2026, el programa de subsidios tarifarios del sector eléctrico tiene una apropiación de $5,7 billones, pero solo se han ejecutado pagos por $589.000 millones (10,3%), dejando compromisos pendientes.
En contraste, el programa Colombia Solar, dirigido a estratos 1, 2 y 3, cuenta con $372.000 millones y muestra altos niveles de ejecución. También se destacan proyectos de comunidades energéticas y cobertura para zonas no interconectadas, donde históricamente se concentran las mayores dificultades.
Sin embargo, la Contraloría identificó rezagos en iniciativas de Gestión Eficiente y Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), con $220.000 millones, y en Subsidios para Zonas Especiales y Soluciones FNCER, con $154.000 millones.
“Para nosotros es clave medir lo pagado, porque si el Estado tiene déficit de caja, los pagos de estos contratos pueden estar en riesgo”, afirmó la vocera.
Energías limpias para cerrar la brecha
La Contraloría planteó que las energías renovables pueden ser clave para expandir la cobertura. Colombia tiene 3.677 megavatios de capacidad instalada limpia (15,64% del total) y en 2025 la generación solar alcanzó 4.473 gigavatios hora, superando al carbón.
Según los cálculos, una mayor incorporación de energía solar y otras fuentes limpias podría reducir en $7 billones las inversiones necesarias para la cobertura universal.
No obstante, el sistema eléctrico colombiano depende entre 50% y 60% de la generación hídrica, exponiéndolo a eventos climáticos como El Niño, previsto para septiembre. Además, proyectos eólicos en La Guajira enfrentan retrasos por consultas previas, gestión social y conexión al sistema.
La Contraloría insistió en que llevar energía a los 1,3 millones de hogares sin servicio es uno de los principales retos de política pública y asignación de recursos para los próximos años, en un contexto de obligaciones financieras pendientes y proyectos estratégicos en desarrollo.
