El Ministerio de Transporte puso en consulta pública un borrador de decreto que actualiza las reglas del servicio de taxi, incluyendo la eliminación de la Planilla Única de Viaje Ocasional para trayectos entre municipios contiguos, medida que ha generado críticas del sector intermunicipal.
¿Qué propone el Gobierno?
La iniciativa busca modernizar una regulación que en varios aspectos lleva más de diez años sin cambios sustanciales. El punto más controvertido es la eliminación de la Planilla Única de Viaje Ocasional, que actualmente controla los taxis que operan entre municipios contiguos. También se amplían las posibilidades de operación hacia y desde aeropuertos que atienden capitales y áreas metropolitanas.
En materia administrativa, el proyecto elimina el requisito de paz y salvo para trámites ante autoridades de tránsito y transporte, y prohíbe cobros considerados abusivos, como los relacionados con desvinculaciones de empresas o expedición de tarjetas de operación. “Estamos quitando burocracia; trámites que hoy existen para los taxistas. No estamos tocando tarifas”, señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
Otros cambios incluyen ampliar la vigencia de la tarjeta de operación de uno a dos años, extender de dos a cinco años el plazo para ejercer el derecho de reposición en casos de vehículos hurtados o destruidos, y establecer que la reposición de taxis deberá hacerse exclusivamente con vehículos eléctricos.
Los “peros” del transporte intermunicipal
La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) cuestionó la propuesta mediante un comunicado. Su presidente, José Yesid Rodríguez, planteó que “permitir que vehículos destinados principalmente al servicio urbano realicen recorridos intermunicipales sin los controles actualmente exigidos por la normatividad genera riesgos que deben ser evaluados con rigor”.
El gremio advierte que eliminar la Planilla Única de Viaje Ocasional podría propiciar jornadas más extensas de conducción, aumentar la exposición a siniestros viales y favorecer la prestación de servicios en trayectos para los cuales los taxis urbanos no fueron concebidos. Además, señala un problema de competencia: los taxis operarían bajo un régimen diferente al de las empresas de transporte intermunicipal habilitadas, que cumplen requisitos técnicos, de seguridad y supervisión más estrictos.
A eso se suman alertas sobre la sostenibilidad del transporte público, pues la medida podría reducir la demanda del transporte colectivo, aumentar la congestión vehicular y afectar la movilidad regional. Aditt también cuestionó la ausencia de estudios técnicos que sustenten una modificación de esta magnitud y pidió al Gobierno revisar la propuesta y abrir espacios de diálogo con todos los actores del sector.
¿Ganan los taxistas?
El borrador también contempla medidas para conductores y pequeños propietarios de taxis. En la asignación de nuevos cupos, se establecen convocatorias públicas y puntajes adicionales para conductores con años de experiencia, con el objetivo de facilitarles el acceso a la propiedad de un vehículo. Además, elimina restricciones para que los propietarios elijan libremente la empresa a la cual vincular su taxi. El decreto también crea programas obligatorios de formación para conductores en atención al usuario, seguridad vial, prevención de violencias basadas en género, resolución de conflictos y calidad del servicio.
¿Qué sigue?
La propuesta es un borrador de decreto que inicia su etapa de consulta pública y recepción de observaciones antes de su expedición definitiva. La ministra Rojas señaló que la iniciativa es resultado de mesas de trabajo con representantes del sector en distintas regiones del país. “No son solamente mesas técnicas. Esto ha sido en diálogo con los taxistas. En el Ministerio me he reunido con algunos de sus líderes”, afirmó.
