Sector audiovisual denuncia exceso de burocracia en regulación de drones en Colombia
El uso de drones en la producción audiovisual en Colombia ha generado un intenso debate entre la industria creativa y las autoridades aeronáuticas. Productoras y operadores del sector han expresado su preocupación por lo que consideran un exceso de trámites y exigencias administrativas para poder utilizar estas aeronaves no tripuladas en grabaciones y generación de contenido.
Recordatorio normativo de la Aerocivil
La discusión se intensificó después de que la Aeronáutica Civil enviara una comunicación dirigida a varias empresas productoras de cine y televisión para recordar la obligatoriedad de cumplir con el Reglamento Aeronáutico de Colombia relacionado con la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas. En la carta se señala que toda operación de drones con fines comerciales, incluida la captura de imágenes o datos para producciones audiovisuales, debe ser realizada únicamente por empresas que cuenten con certificación como explotador en la categoría específica del RAC 100.
Según la entidad, esta certificación busca garantizar que los operadores cumplan con estándares de seguridad y procedimientos adecuados para realizar las operaciones de forma responsable. La Aerocivil también indicó que ha detectado que algunas empresas del sector audiovisual están contratando servicios de drones con operadores que no cuentan con la certificación exigida.
Críticas desde la industria audiovisual
Sin embargo, desde el sector audiovisual han surgido fuertes cuestionamientos frente a la forma en que se está aplicando la regulación. Una empresa mencionada en la comunicación y que pidió reserva de su identidad señaló que la industria percibe estas exigencias como una carga burocrática que termina afectando la operación diaria de quienes trabajan con drones para producir contenido audiovisual.
"Siguiendo con el tema de los drones aquí es claro cómo amenazan y paralizan a las empresas que usan los drones para la creación de contenido", afirmó la fuente consultada, quien sostuvo que los procedimientos actuales pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la industria.
Exigencias percibidas como excesivas
La crítica también se extiende al tipo de exigencias que deben cumplir los operadores para obtener la certificación. Según el testimonio recibido, el proceso incluye cursos obligatorios y gestiones administrativas que en algunos casos son percibidas como innecesarias.
"Los ponen a hacer hasta cursos inservibles interminables para volar un dron. Más gasto, más burocracia y trabas", señaló la empresa, que agregó que este tipo de exigencias no solo impacta a la industria audiovisual, sino también a otros sectores que han empezado a incorporar drones dentro de sus procesos productivos, como la agricultura y la generación de contenido digital.
Impacto en múltiples sectores económicos
Desde esa perspectiva, el debate sobre la regulación no se limita únicamente a las productoras de cine y televisión, sino que involucra a una variedad de actividades económicas que dependen cada vez más de esta tecnología. Otro de los puntos señalados en la denuncia es la percepción de que la regulación termina afectando principalmente a las empresas que buscan operar dentro de la legalidad.
Según la fuente, mientras los operadores formales enfrentan mayores costos y trámites administrativos, quienes realizan actividades informales pueden continuar operando sin controles efectivos. Desde el sector también se plantea que el modelo regulatorio podría simplificarse mediante esquemas más ágiles.
Propuestas de simplificación
En opinión de la empresa consultada, bastaría con contar con un registro básico de operadores y con la obligación de informar el lugar donde se realizarán las operaciones con drones. "Con un simple registro y que la gente dijera dónde estará operando sería suficiente, pero aquí le quieren meter arandelas a todo", concluyó la fuente.
La comunicación de la Aerocivil advierte además que las productoras deben verificar que cualquier empresa que contraten para operar drones esté debidamente certificada o en proceso de certificación ante la entidad. En caso contrario, la continuidad de estas prácticas podría derivar en procesos sancionatorios previstos en la normativa vigente, los cuales podrían incluir multas u otras medidas administrativas.
