Veeduría alerta sobre posible borrado de evidencias en Galeón San José
La Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido (VNPCS) ha elevado una grave denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, señalando que las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional durante 2025 en el yacimiento del Galeón San José podrían haber eliminado rastros cruciales de saqueos anteriores ocurridos en 2016 y 2022.
Carta a la Fiscal General Luz Adriana Camargo
En una carta abierta dirigida a la Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón, la veeduría encabezada por Francisco Hernando Muñoz Atuesta describe lo que califica como "negligencia institucional" y un posible "ecocidio arqueológico" en el sitio donde reposa el histórico galeón español hundido en 1708 frente a las costas de Cartagena de Indias.
El documento advierte que el fondo marino que alberga los restos del navío constituye, en términos jurídicos, "la escena de un crimen" que ha sido alterada sin la debida inspección judicial previa. Según la VNPCS, esta alteración habría borrado tanto física como jurídicamente las evidencias de intrusiones anteriores.
Cronología de inactividad judicial
La veeduría presenta una línea de tiempo preocupante sobre la falta de avances en las investigaciones:
- 2021: Se presentó la primera denuncia penal por intrusión y posible saqueo al yacimiento.
- Parálisis institucional: La Fiscalía trasladó el expediente a la Comisión de Acusaciones del Congreso, deteniendo las investigaciones por más de tres años.
- Reactivación forzada: Solo mediante acción de tutela y tras incidentes de desacato se logró abrir formalmente la indagación penal en mayo de 2024.
- Silencio persistente: A marzo de 2026, la VNPCS asegura que no existen avances proporcionales a los 1.560 páginas de informes técnicos aportados.
El misterio de las coordenadas filtradas
Uno de los puntos más críticos señalados por la veeduría es el manejo de información reservada sobre la ubicación exacta del naufragio:
En 2019 se denunció que coordenadas bajo custodia de la Armada Nacional terminaron en manos de una empresa privada en 2015. Pese a existir documentos firmados por altos oficiales, este caso fue archivado por las autoridades.
Además, ese mismo año, el sobre lacrado con las coordenadas exactas salió del Archivo General de la Nación sin autorización presidencial. La Fiscalía archivó esta investigación argumentando que el sobre simplemente "se encuentra guardado", sin investigar quién pudo acceder a su contenido.
Evidencia clave: el cabo de fibra vegetal
Entre las imágenes difundidas por el Gobierno en noviembre de 2025, tras la extracción de un cañón de 2.5 toneladas, se identificó un fragmento de cuerda o cabo de fibra vegetal adherido a la pieza.
Para la Veeduría, este elemento constituye una prueba fundamental: la conservación de fibras vegetales tras 300 años bajo el mar es científicamente improbable, lo que sugeriría una intervención humana reciente que la Fiscalía no ha sometido a pruebas de Carbono 14.
Redes internacionales de cazatesoros
La misiva alerta sobre la sofisticación de los "cazadores de tesoros de aguas profundas" que operan desde centros financieros globales como Wall Street y Londres. Según investigaciones citadas, estas redes utilizan técnicas de "almacenamiento húmedo" (Wet Storage), saqueando naufragios y apilando las cargas en el fondo marino para recuperarlas posteriormente.
Críticas del expresidente Santos
El expresidente Juan Manuel Santos, bajo cuyo gobierno se descubrió el punto exacto del naufragio en 2015, también ha manifestado su preocupación: "Qué tristeza que solo se hayan recuperado unas pocas piezas y se haya roto la integralidad del rescate. Si se hubiera seguido la hoja de ruta que dejamos, ya tendríamos un museo en Cartagena", señaló en su cuenta de X en noviembre pasado.
Solicitudes concretas a la Fiscalía
La VNPCS solicita a la Fiscal General que asuma el seguimiento directo del proceso y ordene una inspección judicial integral con peritos independientes para establecer una línea de base técnica que permita verificar qué se ha perdido realmente en las profundidades del Caribe colombiano.
El patrimonio cultural sumergido, valorado en miles de millones de dólares y considerado un legado histórico para la humanidad, continúa bajo amenaza mientras las investigaciones avanzan a paso lento, según la veeduría que monitorea este caso desde hace más de una década.
