Denuncias de saqueo al Galeón San José: Fiscalía colombiana habría ignorado pruebas clave
En las profundidades del Mar Caribe, a 600 metros frente a Cartagena de Indias, descansa el tesoro arqueológico del Galeón San José, hundido en 1708. Sin embargo, según la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido (VNPCS), este sitio sería escena de un crimen que el Estado colombiano se resiste a investigar adecuadamente.
La cronología de las dilaciones
La VNPCS ha enviado una carta a la Fiscal General Luz Adriana Camargo Garzón denunciando una "parálisis institucional" en la investigación de presuntos saqueos al galeón. Según el documento, las investigaciones comenzaron en enero de 2021 pero quedaron congeladas por más de tres años debido a un traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones del Congreso.
"Busco poner en conocimiento la falta de resultados efectivos en la investigación de hechos debidamente documentados, que constituyen indicios técnicos de intrusión comprobada y posible saqueo continuado", señala Francisco Hernando Muñoz Atuesta, director de la veeduría.
Pruebas ignoradas y archivos inexplicables
La organización denuncia que, pese a haber entregado 1.560 páginas de informes técnicos que documentan intervenciones violentas en el naufragio entre 2016 y 2022, las investigaciones han sido nulas. Entre las pruebas presentadas se encuentran:
- Cartas de navegación con coordenadas exactas del tesoro
- Documentación de alteraciones geomorfológicas compatibles con intrusiones
- Evidencias de filtración de información reservada
Dos casos resultan particularmente preocupantes para los denunciantes:
- La filtración de 2019: Pruebas sobre cómo coordenadas custodiadas por la Armada terminaron en manos de una empresa privada, caso que fue archivado por la Fiscalía.
- El sobre desaparecido: Información reservada que salió del Archivo General sin autorización presidencial, cuyo caso se cerró sin investigar quién accedió al material.
La prueba forense clave: una fibra vegetal
Durante la extracción oficial de un cañón de 2.5 toneladas en 2025, las imágenes revelaron un fragmento de cuerda de fibra vegetal adherido a la pieza. Expertos de la veeduría señalan que "la conservación de fibras vegetales tras más de 300 años bajo el mar es científicamente incompatible con procesos de descomposición naturales".
Este hallazgo sugeriría una intervención humana previa a las extracciones oficiales de 2025. Sin embargo, la Fiscalía nunca realizó pruebas de carbono 14 ni peritajes independientes para determinar si la cuerda pertenece a los galeonistas de 1708 o a cazatesoros modernos.
Intervención de 2025: ¿protección o destrucción de evidencias?
La VNPCS advierte que la intervención del Gobierno Nacional en 2025, lejos de proteger el bien cultural, podría haber alterado irremediablemente la escena del crimen, borrando rastros de saqueos previos ocurridos en 2016 y 2022.
"De todo lo anterior, a la fecha de hoy —19 de marzo de 2026—, no se evidencia avance investigativo alguno, lo que no guarda proporción con el volumen, la calidad y la gravedad del material probatorio aportado", concluye la carta dirigida a la Fiscalía.
Exigencias urgentes al ente investigador
Ante este panorama, la veeduría exige a la Fiscal General:
- Seguimiento directo a las denuncias presentadas
- Protección inmediata del área circundante al pecio
- Inspección judicial integral con peritos independientes
- Investigación de posibles conexiones internacionales con centros financieros
Mientras el mundo observa expectante los procedimientos con estos tesoros de la humanidad, en Colombia las investigaciones avanzan a paso lento, y el activo arqueológico más valioso de la nación seguiría expuesto a posibles saqueos.
EL TIEMPO consultó estas denuncias con la Armada Nacional, pero respondieron que la única entidad autorizada para entregar respuestas es el Ministerio de Cultura, cerrando así otro capítulo en esta compleja historia de patrimonio, poder y posibles delitos sin investigar.
