Exfutbolista del Junior recurre a proceso ejecutivo para embargar cuentas del club
Una situación legal de alta tensión ha salido a la luz pública en el fútbol colombiano, protagonizada por el Junior de Barranquilla y su exjugador Jaider Romero. El conflicto, que se arrastra desde hace dos años, ha escalado hasta las instancias ejecutivas judiciales, poniendo en riesgo las finanzas del reconocido club costeño.
Origen del conflicto legal
El problema se remonta a una demanda por despido sin justa causa que Romero ganó contra el Junior hace exactamente dos años. La justicia falló a favor del futbolista, obligando al club a reintegrarlo en su nómina y cancelarle todas las prestaciones sociales correspondientes por ley. Sin embargo, el cumplimiento de esta sentencia judicial ha estado marcado por incumplimientos y demoras que han exacerbado el conflicto.
Según reveló el propio Romero en declaraciones exclusivas, el Junior solicitó diferir el pago en tres cuotas, a lo que el exfutbolista accedió tras consultar con su abogado. "Me preguntaron si podía aceptar que me pagaran en cuotas, yo hablé con mi abogado y él me dijo que aceptara tres cuotas", explicó el afectado.
Cadena de incumplimientos
La situación se complicó cuando el club, tras cancelar la primera cuota, solicitó dividir la segunda en dos pagos adicionales. Aunque Romero aceptó nuevamente esta modificación, el incumplimiento llegó con la tercera y última cuota. El futbolista reveló que intentó comunicarse repetidamente con los directivos del Junior, específicamente con Héctor (posiblemente refiriéndose a Héctor Gutiérrez, presidente del club), pero no obtuvo respuesta alguna sobre el pago pendiente.
"Traté de hablar con Héctor, pero no fue posible comunicarme con él para que me dieran una respuesta del pago", afirmó Romero, quien añadió que "les escribía todos los días, pero no fue posible comunicarnos". Esta falta de diálogo y solución llevó al exjugador a tomar medidas más drásticas.
Medidas judiciales extremas
Ante el incumplimiento reiterado, Jaider Romero decidió acudir a un proceso ejecutivo para solicitar el embargo de las cuentas bancarias del Junior. Esta medida representa una acción legal de última instancia que demuestra la gravedad del conflicto y la frustración del demandante tras años de intentos fallidos de conciliación.
El exfutbolista fue claro al explicar su decisión: "Esto ya viene de hace rato, lo de la demanda, lastimosamente me tocó recurrir por tanto tiempo de estar intentando conciliar con ellos pero no se pudo". Su relato detalla un proceso de desgaste donde las opciones amistosas se agotaron completamente.
Posición oficial del Junior
Frente a estas graves acusaciones, el diario El Heraldo contactó directamente con las directivas del Junior, quienes ofrecieron una versión diferente de los hechos. Según fuentes del club, las cuentas del equipo no se encuentran actualmente embargadas, contradiciendo parcialmente las declaraciones de Romero.
Más significativamente, el Junior aseguró que en los próximos días regularizará la situación con el exfutbolista, sugiriendo que existe voluntad de resolver el conflicto pendiente. Esta declaración oficial introduce un elemento de esperanza para la pronta solución del caso, aunque no especifica los plazos concretos ni los montos pendientes.
Repercusiones en el fútbol nacional
Este caso trasciende el mero conflicto laboral entre un club y un exjugador, pues establece un precedente preocupante para las relaciones contractuales en el fútbol colombiano. La judicialización de disputas por pagos pendientes podría abrir la puerta a situaciones similares con otros futbolistas que se sientan vulnerados en sus derechos.
Para el Junior, el caso representa un desafío adicional en medio de sus compromisos deportivos y de gestión institucional. La resolución rápida y satisfactoria de este conflicto no solo es una obligación legal, sino también una necesidad de imagen pública para uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.
La comunidad futbolera nacional observa con atención el desarrollo de este caso, que podría influir en futuras negociaciones contractuales y en la aplicación de sentencias judiciales en el ámbito deportivo profesional.
