Entrenadores colombianos enfrentan vacío legal tras implementación de nueva normativa
La entrada en vigencia de la ley que regula la actividad de los entrenadores en Colombia, ocurrida el pasado 24 de mayo de 2025, ha generado un intenso debate dentro del sector deportivo nacional. A pesar de que la norma ya se encuentra oficialmente en funcionamiento, su aplicación práctica ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de diversos actores del ámbito deportivo y educativo.
Falta de reglamentación y organismo competente
El licenciado en educación física Andrés Cavadía, uno de los principales críticos de la implementación actual, advierte que no existe aún una reglamentación específica ni un organismo competente autorizado por el Gobierno Nacional para expedir la denominada tarjeta de entrenador. Según su análisis, la ley enfrenta lo que jurídicamente se conoce como "sustracción de materia", debido a que todavía no se ha definido el procedimiento formal para acreditar o certificar a los profesionales del entrenamiento deportivo.
"El Gobierno Nacional tiene la obligación de hacer cumplir las reglas sobre cómo se deben crear las licencias patrimoniales y cómo se certifica la entidad correspondiente. En la actualidad, no existe un organismo habilitado que pueda expedir esa tarjeta de manera oficial", afirmó Cavadía con preocupación.
Consecuencias inmediatas y riesgos legales
El educador cartagenero sostiene que, como consecuencia directa de esta situación, la tarjeta de entrenador no es exigible en el presente contexto. Desde su perspectiva profesional, cualquier cobro o expedición de este documento por parte de particulares o entidades privadas podría constituir una extralimitación de funciones claramente definidas.
"Si están cobrando dinero sin la autorización expresa del Gobierno Nacional, estarían incurriendo en una irregularidad administrativa de consideración", señaló el experto, al tiempo que indicó que los entrenadores afectados podrían recurrir a acciones legales como la tutela si alguna entidad territorial exige un documento que no está debidamente reglamentado.
Cuestionamientos a asociaciones privadas
Cavadía también manifestó su preocupación ante la organización de asociaciones privadas que se han dedicado a emitir credenciales bajo el argumento de estar amparadas por la nueva ley. "La ley crea condiciones generales, pero no autoriza a personas naturales a regularse a sí mismas ni a expedir tarjetas profesionales de manera autónoma. Es fundamental comprender que una ley no regula una profesión en su totalidad; regula una actividad específica", explicó con detalle el especialista.
El debate se ha intensificado particularmente alrededor del procedimiento adoptado por el denominado COCED, cuya legalidad —según el análisis del educador— no ha sido suficientemente examinada por las autoridades competentes. "Nadie ha confrontado jurídicamente esa actuación con la normatividad vigente en nuestro país. Ese es precisamente el punto débil de todo este proceso", manifestó con énfasis.
Llamado a ministerios y necesidad de claridad
Para el licenciado Andrés Cavadía, el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación deberían pronunciarse de manera oficial y contundente para evitar confusiones generalizadas en el sector deportivo colombiano. Recordó que la Sentencia 221 de 2011 establece lineamientos claros sobre competencias en áreas como salud, deporte y educación, lo que, a su juicio profesional, refuerza la necesidad imperiosa de que el Estado asuma directamente la reglamentación completa.
Debate continúa abierto en el sector
Mientras se define el alcance real de la ley y su reglamentación correspondiente, el debate continúa completamente abierto en el ámbito deportivo nacional. Para el licenciado Cavadía, el reclamo principal no se dirige contra la norma en sí misma, sino contra aquellos actores que aseguran estar autorizados sin contar con un aval claro y oficial del Gobierno Nacional.
"La ley es completamente legal y no la cuestionamos en su esencia; lo que cuestionamos profundamente es que particulares se atribuyan funciones que no les han sido otorgadas mediante los canales formales establecidos", concluyó el experto, destacando la importancia de seguir este proceso con atención crítica.
