En una de las regiones más golpeadas por la violencia y el despojo de tierras en Colombia, el presidente Gustavo Petro, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, y la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, realizaron una entrega masiva de predios rurales que busca transformar la historia de cientos de familias campesinas víctimas de la violencia.
Entrega histórica en Puerto Boyacá
Se trata de 5.300 hectáreas adjudicadas a 510 familias en Puerto Boyacá, en la subregión del Magdalena Medio, un territorio estratégico que durante décadas fue escenario de disputas entre actores armados ilegales, economías ilícitas y estructuras de despojo. Durante el acto de reparación, el presidente Gustavo Petro reiteró que la Reforma Agraria es uno de los pilares de su gobierno y una herramienta clave para la construcción de paz en el país.
“Estamos avanzando en la recuperación de tierras que fueron apropiadas de manera ilegal para entregarlas a quienes históricamente han sido excluidos: los campesinos y campesinas de Colombia”, señaló el mandatario durante la jornada.
Detalles de la adjudicación
La entrega fue gestionada por la ANT e incluyó 49 predios, varios de ellos provenientes de procesos de extinción de dominio y recuperación de activos vinculados a economías ilegales que están siendo administrados por la SAE. Según cifras oficiales, esta acción hace parte de una estrategia más amplia que ya supera las 700.000 hectáreas gestionadas en todo el país en el marco de la Reforma Agraria.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman, explicó que este tipo de entregas buscan no solo reparar derechos, sino también impulsar economías campesinas sostenibles. “No se trata únicamente de entregar tierra, sino de garantizar condiciones para que estas familias puedan producir, generar ingresos y permanecer en el territorio”, afirmó.
En el caso del Magdalena Medio, agregó, ya se han entregado más de 19.000 hectáreas en municipios como Puerto Berrío, Yondó y La Dorada, consolidando una apuesta regional por la redistribución de la tierra.
Testimonios de los beneficiarios
Sandra Patricia Isaza Velásquez, representante legal de la Asociación Isla Jardín, expresó su felicidad y gratitud: “El gobierno Petro, el gobierno del cambio, nos ha dado la oportunidad de inclusión y de dignidad a nuestra comunidad. Hoy tenemos la opción de tener el predio Los Alpes, donde vamos a cultivar arroz, patilla y otros productos. Estamos muy agradecidos”.
Puerto Boyacá tiene un significado particular en este proceso. Durante los años más intensos del conflicto armado, el municipio fue considerado uno de los epicentros del paramilitarismo en Colombia, con múltiples denuncias de despojo y concentración irregular de tierras. Para muchas de las familias beneficiarias, esta entrega representa no solo una oportunidad económica, sino también un paso hacia la reparación.
Bárbara Machado Nagles, del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Benkos Biohó, explicó que esta acción se traduce en una oportunidad para su gente, no solo en materia productiva, sino también en el autorreconocimiento y la reconexión con sus raíces. “Vamos a sembrar chontaduro, cacao, plátano, popocho, borojó, achín, todos esos productos que son autóctonos de nuestra región. Le agradecemos a todo el equipo que está con Juan Felipe Harman y debemos seguir avanzando porque el progresismo debe continuar porque, si no, la reforma agraria se cae”, aseguró.
Acompañamiento estatal y perspectivas
De acuerdo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, los predios entregados estarán acompañados de procesos de apoyo técnico, acceso a proyectos productivos y articulación con otras entidades del Estado, con el fin de garantizar que la tierra se traduzca en desarrollo rural efectivo. Este enfoque busca responder a una de las principales críticas históricas a las políticas agrarias en el país: la entrega de tierras sin condiciones suficientes para su aprovechamiento.
Además, durante el evento se hizo referencia a recientes decisiones judiciales que podrían fortalecer la resolución de conflictos sobre la tierra. En particular, el fallo de la Corte Constitucional que ordena avanzar en la implementación de la Jurisdicción Agraria a partir de 2027, un mecanismo que permitirá atender las disputas rurales con un mayor nivel de especialización y cercanía territorial. Esto, luego de que este organismo resolviera a favor la demanda interpuesta por el director Harman contra el Decreto Ley 902 de 2017.
Expertos coinciden en que el éxito de la Reforma Agraria dependerá no solo de la cantidad de hectáreas entregadas, sino de la capacidad del Estado para acompañar a las comunidades en el largo plazo y garantizar seguridad jurídica sobre los predios. En ese sentido, la entrega en Puerto Boyacá se convierte en un caso emblemático de la apuesta del Gobierno por transformar territorios históricamente marcados por la violencia en escenarios de producción, arraigo y construcción de paz.
