ACM solicita suspender consulta de Appa en Córdoba por emergencia invernal y falta de garantías
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha presentado una solicitud formal al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para suspender el plazo de publicación y la consulta pública del proyecto de resolución que busca declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en el departamento de Córdoba. La petición, dirigida a la ministra Martha Liliana Carvajalino Villegas y a la Oficina Asesora Jurídica del ministerio, alega que la emergencia por inundaciones en gran parte del territorio cordobés impide una participación ciudadana efectiva, informada y oportuna.
Un proyecto con impacto territorial trascendental
El Ministerio publicó el 6 de febrero el borrador de resolución que delimita 670.075 hectáreas de protección de uso agroalimentario en 17 municipios de Córdoba:
- Montería
- Ayapel
- Buenavista
- Cereté
- Chinú
- Cienaga de Oro
- Cotorra
- La Apartada
- Lorica
- Montelíbano
- Planeta Rica
- Pueblo Nuevo
- Purísima
- Sahagún
- San Antero
- San Carlos
- San Pelayo
El plazo para comentarios ciudadanos vence el 20 de febrero. La publicación del MADR incluyó un documento técnico de la Upra con la zonificación, parámetros y lineamientos de uso del suelo que, de adoptarse, operarían como determinantes del ordenamiento territorial de nivel 2, es decir, normas de jerarquía superior a las decisiones locales conforme a la legislación vigente.
La comunicación de la ACM subraya que se trata de una decisión "trascendental" para la vocación productiva de la región y para los derechos de los habitantes, especialmente de quienes verían restringidas ciertas actividades. También resalta que el proyecto incide significativamente en el reparto de competencias con los entes territoriales, a quienes la Constitución confiere la potestad sobre el desarrollo del territorio y la reglamentación de los usos del suelo.
La emergencia por lluvias como obstáculo material a la participación
En su solicitud, la ACM advierte que Córdoba atraviesa una situación crítica por las lluvias, con inundaciones de gran magnitud y afectaciones severas en cerca del 80% de los municipios, según reportes oficiales de gestión del riesgo. La magnitud del evento ha provocado daños en:
- Vivienda
- Infraestructura
- Cultivos
- Vías de comunicación
Esta situación ha forzado a comunidades y autoridades a concentrar sus esfuerzos en la atención de la emergencia, la reconstrucción de medios de vida y la protección de la integridad de la población. En ese contexto, argumenta la carta, promover un trámite regulatorio "de alto impacto estructural" limita las condiciones materiales y democráticas para una discusión amplia y con garantías.
La asociación sostiene que insistir en la consulta desconoce el derecho fundamental a la participación efectiva que debe regir en toda actuación administrativa de alcance general y erosiona principios como la coordinación y concurrencia entre Nación y municipios. A su juicio, imponer determinantes superiores de uso del suelo "en medio de una crisis como la actual" debilita la confianza institucional y envía un mensaje de desconexión con las prioridades inmediatas de la población.
La petición: suspender el proceso hasta el restablecimiento de la normalidad
"Los procesos participativos son la base de la democracia y un elemento determinante para el desarrollo sostenible", enfatiza la misiva firmada por Juan Camilo Nariño Alcocer, presidente de la ACM, que pide suspender el proceso de consulta hasta tanto se restablezcan condiciones de normalidad en la región y sea posible asegurar todas las garantías constitucionales para una participación idónea y efectiva.
La solicitud no cuestiona el propósito de proteger áreas para la producción de alimentos, sino la oportunidad del trámite en un escenario de desastre. La ACM recuerda que el carácter de determinante del proyecto —al reordenar usos del suelo y orientar decisiones locales— exige deliberación pública robusta, y que, con comunidades evacuadas, vías interrumpidas y cultivos anegados, carece de sentido esperar una interlocución real con habitantes, gremios y autoridades que hoy están atendiendo la emergencia.
Lo que está en juego
De continuar el calendario original, el 20 de febrero cerraría la ventana de observaciones ciudadanas. La ACM considera que ello supondría nugatorio el derecho de participación de:
- Familias afectadas
- Cabildos municipales
- Consejos territoriales
- Actores productivos
Estos actores no pueden dedicar recursos a un análisis técnico y jurídico de una regulación de alto impacto, mientras se encuentran en tareas de rescate, albergue, rehabilitación de vías y reestablecimiento de servicios. Suspender y reprogramar la consulta —reclama— permitiría restaurar condiciones mínimas para un debate informado, con tiempos razonables y mecanismos de difusión acordes a la magnitud de la decisión.
Por ahora, la decisión está en manos del Ministerio de Agricultura. Si acoge la solicitud, deberá expedir una comunicación que recalibre el cronograma de consulta y socialización del proyecto Appa en Córdoba. Si decide mantener los tiempos, la controversia podría escalar al terreno del control de legalidad y del debate político sobre la forma de tramitar determinantes superiores del ordenamiento en contextos de emergencia.
En cualquiera de los escenarios, el episodio ya abrió una discusión de fondo: cómo conjugar la urgencia climática y alimentaria con el derecho a participar de las comunidades directamente afectadas por las nuevas reglas del territorio.
