La amenaza fiscal que pone en jaque la supervivencia del campo colombiano
Las promesas de mayor productividad y mejor calidad de vida para el campesinado colombiano, hechas por el actual Gobierno, parecen desvanecerse ante una nueva realidad que golpea con fuerza al sector rural. Mientras los créditos y la asistencia técnica brillan por su ausencia, y la inseguridad junto con la precaria infraestructura vial obligan a los productores a malvender sus cosechas, surge ahora una amenaza adicional de proporciones alarmantes: la actualización masiva del avalúo catastral rural.
Incrementos desproporcionados en más de 500 municipios
Bajo el argumento de un rezago de más de una década en las valoraciones, la meta de equiparar el avalúo catastral al valor comercial ha disparado los valores entre un 200% y un 1.200% en más de 500 municipios del país. Esta situación afecta directamente a 60 municipios de Santander, donde las comunidades campesinas enfrentan ahora cargas tributarias que podrían resultar insostenibles.
Si bien es cierto que Colombia arrastra históricamente problemas de latifundio improductivo que deben cumplir con el deber constitucional de contribuir al gasto público bajo principios de justicia y equidad (Artículo 363 de la Constitución Política), esta carga fiscal no puede romper la ecuación mínima entre productividad y tributación. Un impuesto que ignore la realidad del flujo de caja del campesino se torna expropiatorio en la práctica.
El riesgo de expropiación indirecta
Cuando el tributo excede la rentabilidad real de la tierra, nos enfrentamos a un fenómeno peligroso: la expropiación indirecta. El campesino, ante la imposibilidad de pago, terminaría entregando su predio al Estado, lo que convertiría la justicia tributaria prometida en una trampa política de proporciones históricas para el sector rural.
Es innegable que esta actualización fortalecerá las finanzas municipales, permitiendo mayores obras y proyectos de desarrollo local. Sin embargo, el momento histórico exige que los Concejos Municipales asuman una actitud mesurada y responsable. Ante las inusitadas alzas de la base gravable, los cabildantes deben aplicar la tarifa mínima permitida para mitigar el impacto devastador en las economías campesinas.
La responsabilidad de los gobiernos locales
No deben olvidar las autoridades municipales que esta actualización también golpeará al sector urbano, afectando potencialmente la estabilidad económica de toda la población. Al campesino le asiste el derecho fundamental de exigir que su tierra sea valorada por lo que realmente produce y no solo por lo que el mercado especula en términos abstractos.
La propiedad rural debe concebirse como un activo de vida, no como una carga impagable que termine por expulsar a las familias del campo. Esta presión fiscal podría convertirse en el catalizador para que el sector rural evalúe críticamente si el rumbo actual garantiza su permanencia en el territorio o si es hora de exigir un modelo económico que respete la sagrada relación entre el sudor de la frente y la rentabilidad sostenible de la tierra.
Mecanismos legales de protección
Es importante precisar que el avalúo catastral no siempre se traduce directamente en incrementos equivalentes del impuesto predial, gracias a los límites legales establecidos en las Leyes 44 de 1990 y 1995 de 2019. Estas normativas otorgan a los Concejos Municipales la facultad de graduar las tarifas para compensar el salto del avalúo, siempre que exista voluntad política para proteger al campesino de intereses ajenos a su bienestar.
La dignidad del campo colombiano no puede negociarse en una factura de catastro. Es momento de reflexionar colectivamente si se quiere continuar con políticas que podrían resultar confiscatorias para el pequeño productor, o si es necesario buscar cambios estructurales que realmente beneficien al ciudadano y preserven la vocación agrícola de la nación.
La actualización catastral, aunque necesaria desde el punto de vista técnico y fiscal, debe implementarse con sensibilidad social y comprensión de las realidades económicas del sector rural. De lo contrario, corremos el riesgo de profundizar la crisis del campo colombiano y acelerar el abandono de actividades agrícolas que son esenciales para la seguridad alimentaria del país.
