El Fondo Nacional del Café (FoNC) fue el primer fondo parafiscal de Colombia y continúa siendo un modelo de gestión. Se trata de una cuenta conformada por recursos con destinación específica para fortalecer el sector cafetero. Históricamente, su administración ha estado a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros, en un esquema de descentralización por colaboración reconocido legalmente. Cada diez años se prorroga el contrato de administración, y en vísperas de esa decisión, resulta prudente hacer un balance de su manejo.
Recursos insuficientes frente a inversiones
Lo primero que debe recordarse es que los recursos anuales del FoNC no cubren los bienes públicos que la Federación entrega a los caficultores colombianos. En la última década, se recaudaron 3,7 billones de pesos por contribución cafetera, mientras que los cuatro bienes públicos cafeteros demandaron inversiones por 6 billones de pesos. La cosecha se mantuvo estable en alrededor de 13,3 millones de sacos, con un crecimiento de la contribución de apenas 3,3% anual, frente a un aumento del costo de los bienes públicos del 6,1%. Esa brecha estructural es cubierta por la Federación con su gestión.
Bienes públicos que marcan la diferencia
Los bienes públicos cafeteros son lo que distingue al café colombiano del cultivado en otros países. En investigación científica, donde más se destaca el país y se crea valor a partir de la ciencia, se invirtieron 365 mil millones de pesos. Ese conocimiento se transfiere gratuitamente a cada caficultor mediante asistencia técnica del Servicio de Extensión, presente en los 611 municipios cafeteros de 23 departamentos, actividad que requirió 1,7 billones de pesos en la década.
A ello se suman los proyectos de inversión social, que han marcado los 99 años de historia del administrador del Fondo: escuelas, centros de salud, electrificación rural, abastecimiento de agua, infraestructura vial y, actualmente, industrialización para generar valor. Los quince comités departamentales comprometieron 807 mil millones de pesos en este frente, multiplicados mediante el trabajo articulado con alcaldías y gobernaciones.
La flota mercante y el pasivo pensional
La flota mercante merece mención aparte, porque revela la dimensión de la responsabilidad asumida. Alrededor de 1 billón de pesos en la década reciente se han girado para cubrir ese pasivo pensional, heredado de una empresa creada por mandato del Estado colombiano que sufrió la apertura económica. No corresponde aquí discutir si es justo que los caficultores carguen con esa obligación; lo cierto es que se ha honrado con responsabilidad institucional.
Como lo señaló el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, la Federación ha sido la única entidad que, a partir del uso correcto de la parafiscalidad, ha creado un activo intangible de la magnitud de la marca Café de Colombia, generadora hoy de ingresos por regalías. Las que ha recibido el FoNC por el uso de la marca Juan Valdez ascienden a 324 mil millones de pesos corrientes, con un crecimiento promedio del 14,3%.
Más allá de la parafiscalidad
La garantía de compra es el ejemplo más visible. Conviene aclarar un equívoco recurrente: la contribución cafetera no compra café. Es la Federación la que acude a la banca privada para financiar esa operación. En los últimos diez años se ha comprado café por 21,6 billones de pesos, 4,2 billones solo en el último año, ejecutados a través del brazo comercial conformado por 33 cooperativas de caficultores. La mitad de ellas, cuando más lo necesitaron, encontraron únicamente el respaldo de la Federación, que diseñó el Plan de Acción Solidario, acompañado por la Supersolidaria y valorado por la Contraloría General de la República. Gracias a ello, el sistema cooperativo sigue vivo y fortalecido.
Legitimidad y democracia participativa
La legitimidad de la Federación como administradora del fondo parafiscal más grande de Colombia es cada vez más sólida, y se robustece con el carácter de democracia participativa que rige al gremio: una economía rural de pequeños propietarios, que avanzan en la distribución justa de la tierra, que son alternativa frente a los cultivos ilícitos y que eligen libremente a sus representantes. Con la prórroga del contrato de administración seguiremos construyendo país.
