Felipe Harman hace llamado urgente al Congreso para aprobar la Jurisdicción Agraria
Durante una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, realizó un llamado contundente a los congresistas colombianos para que aprueben de manera inmediata el proyecto de ley que daría vida a la Jurisdicción Agraria y Rural. El funcionario enfatizó que esta medida es fundamental para cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz y resolver los numerosos conflictos de tierras que afectan al campo colombiano.
Una iniciativa clave para la justicia rural
La Jurisdicción Agraria representa una iniciativa liderada por el Ministerio de Agricultura que busca establecer un sistema judicial especializado exclusivamente en procesos relacionados con el ámbito rural. Este sistema abordaría conflictos sobre propiedad de tierras, delimitación de linderos, servidumbres y todas aquellas controversias que surgen en contextos agrarios y rurales.
Aunque el acto legislativo que crea esta jurisdicción ya fue aprobado, junto con su ley estatutaria, todavía falta la aprobación de la ley ordinaria del procedimiento. Este proyecto fue presentado en 2023 y ha enfrentado múltiples obstáculos en el Legislativo, generando preocupación entre las autoridades del sector.
Una carrera contra el tiempo
Las autoridades relacionadas con temas de tierras se encuentran en máxima alerta, ya que si el Congreso no aprueba esta ley antes del 20 de junio de 2026, la iniciativa se archivará definitivamente. Harman señaló ante la Corte Constitucional que miles de hectáreas y múltiples procesos relacionados con conflictos de tierras permanecen en un limbo jurídico mientras no exista una instancia judicial especializada que los resuelva.
"Es fundamental que el Congreso le cumpla al campo en los 60 días de periodo legislativo que restan. Los campesinos no pueden seguir esperando décadas para que la justicia los escuche y les reconozca sus derechos", afirmó el director de la ANT durante su intervención ante los magistrados.
La dimensión del problema
El director de la ANT reveló datos alarmantes sobre la situación actual: existen 13 demandas que involucran 15 procesos agrarios relacionados con más de 16.381 hectáreas, los cuales ni siquiera han superado la etapa de admisión en la justicia ordinaria. Estos casos enfrentan tensiones competenciales entre jueces civiles del circuito y el control contencioso administrativo de otros jueces, lo que ha generado demoras adicionales en la resolución de los conflictos.
Además, la Agencia informó que durante 2025 cerró más de 244 procesos en fase judicial que abarcan cerca de 43.000 hectáreas. Actualmente, existen 566 casos que comprenden alrededor de 116.000 hectáreas y que se encuentran en fase probatoria. La entidad espera concluir el trámite de estos casos durante este año para posteriormente presentar las respectivas demandas ante los jueces.
Riesgo de congestionar la justicia ordinaria
Según explicó la Agencia, la inexistencia de una Jurisdicción Agraria en funcionamiento implica que todos estos procesos podrían terminar ingresando a la ya congestionada justicia ordinaria. Esta situación prolongaría aún más los tiempos de decisión y retrasaría el acceso efectivo a la justicia para las comunidades campesinas, perpetuando la incertidumbre y los conflictos en las zonas rurales.
La voz de las comunidades campesinas
Durante la audiencia también intervino el campesino caucano Eliécer Morales, quien pidió que el país avance en la implementación de mecanismos que permitan resolver con mayor rapidez los conflictos de tierras. "Nosotros queremos ser parte de la Nación como sujetos de derechos. Creemos que es necesario que este decreto ley se adecúe, que no nos empantanemos en normas obsoletas, en procedimientos obsoletos, cuando realmente debemos ponerlo en funcionamiento", manifestó el representante campesino.
La creación de la Jurisdicción Agraria no solo responde a un mandato constitucional, sino que además representa una condición necesaria para que jueces especializados puedan decidir sobre los complejos conflictos que se presentan en las zonas rurales del país. Harman enfatizó que esta medida es crucial para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar justicia oportuna para las comunidades rurales.
