Contraloría expone graves fallas en gestión de subsidios de vivienda rural
Un reciente y exhaustivo informe de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas en Colombia al revelar graves irregularidades en la entrega de subsidios de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) otorgados entre los años 2000 y 2019. El documento detalla que más de 10 mil subsidios aún no cuentan con cierre financiero, situación que ha generado preocupación en el ámbito gubernamental y entre las comunidades beneficiarias.
Un panorama complejo en la administración de los recursos
La investigación de la Contraloría precisó que la responsabilidad en la entrega de estos subsidios recayó principalmente en el Ministerio de Agricultura, aunque antes del año 2017, esta función era ejercida por el Banco Agrario. Durante el período comprendido entre 2000 y 2017, la distribución de los subsidios se articuló a través de diversas entidades, incluyendo cajas de compensación, gerencias integrales y Fiduagraria.
Es importante destacar que con Fiduagraria se celebró un contrato a finales de 2015, el cual culminó hace aproximadamente año y medio y actualmente se encuentra en etapa de liquidación. Este aspecto resulta crucial para entender la complejidad administrativa que ha rodeado el programa.
Cifras preocupantes en la ejecución de subsidios
Durante la administración directa del Ministerio de Agricultura entre 2018 y 2019, se programó la entrega de 13.195 subsidios mediante dos modalidades principales:
- 12.525 subsidios a través del contrato vigente con Fiduagraria
- 670 subsidios mediante autogestión
Sin embargo, el informe oficial reveló que solamente 2.412 subsidios fueron terminados exitosamente, mientras que 10.461 quedaron pendientes por ejecutar. Para abordar esta situación, en diciembre de 2023 se firmó un nuevo contrato con Fiduagraria, comprometiéndose esta entidad a materializar 6.445 subsidios en un plazo de dos años.
Hallazgos fiscales y problemas en la ejecución
Para el año 2024, se comprobó que existieron aplazamientos significativos y una reducción considerable en el presupuesto asignado. Esta situación generó como consecuencia directa problemas en el cierre del programa, impidiendo la ejecución adecuada de más de diez mil subsidios que carecen de cierre financiero.
Respecto a la modalidad de autogestión, la Contraloría describió que en 2022 se expidieron 670 resoluciones para otorgar los subsidios pendientes de 2018 y 2019. No obstante, al llegar julio de 2025, solamente se había logrado avanzar en 158 casos, una cifra considerablemente baja que evidencia las dificultades en esta estrategia.
Consecuencias fiscales y responsabilidades
La conclusión del informe contundentemente señala que la estrategia implementada por el ministerio presentó graves falencias que derivaron en catorce hallazgos específicos. De estos, nueve son de carácter fiscal y representan un monto aproximado de 9.666 millones de pesos, una suma que refleja la magnitud de las irregularidades detectadas.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en la ejecución de programas sociales destinados a la vivienda rural, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a las familias colombianas que más los necesitan.
