Contraloría expone graves irregularidades en programa de vivienda rural
La Contraloría General de la República ha emitido una alerta contundente sobre el manejo del programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR), tras identificar hallazgos fiscales que ascienden a la impactante cifra de $9.666 millones. Esta investigación, que abarca casi dos décadas de ejecución, revela profundas fallas en la administración de recursos destinados a familias campesinas colombianas.
Décadas de subsidios bajo la lupa
La auditoría de cumplimiento realizada al Banco Agrario de Colombia y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural examinó el otorgamiento de subsidios familiares entre los años 2000 y 2019. El análisis detallado mostró que, de los 13.195 subsidios otorgados específicamente en 2018 y 2019, apenas se reporta la terminación de 2.412, dejando un preocupante saldo de 10.461 procesos sin cierre financiero.
La situación se agrava al considerar que estos subsidios permanecen pendientes de ejecución, afectando directamente el derecho a una vivienda digna de miles de beneficiarios rurales. La Contraloría enfatizó que estas irregularidades no solo comprometen recursos públicos, sino que tienen consecuencias sociales inmediatas para comunidades vulnerables.
Problemas en la ejecución y supervisión
El programa estuvo inicialmente a cargo del Banco Agrario hasta 2017, ejecutándose a través de municipios, departamentos, cajas de compensación y gerencias integrales. Posteriormente, la operación se concentró en Fiduagraria S.A., mediante un contrato suscrito en diciembre de 2015 que actualmente está en proceso de liquidación.
Entre los puntos más críticos identificados se encuentran:
- Modificaciones contractuales problemáticas: En diciembre de 2023 se realizaron cambios que redujeron el alcance de los contratos fiduciarios
- Aplazamientos presupuestales: Decisiones tomadas en 2024 que han generado dificultades para culminar el programa
- Falencias en supervisión: Debilidades en los procedimientos implementados por el Ministerio de Agricultura
- Estrategia de autogestión ineficiente: De 670 resoluciones de otorgamiento expedidas en 2022, apenas 158 viviendas se habían materializado hasta julio de 2025
Consecuencias legales y disciplinarias
La investigación arrojó resultados alarmantes en múltiples dimensiones:
- 14 hallazgos administrativos identificados en total
- 9 con connotación fiscal por $9.666.802.217
- 6 con presunta incidencia penal
- 12 con alcance disciplinario
Estos hallazgos abren la puerta a investigaciones en distintos frentes jurídicos y podrían derivar en procesos legales contra los responsables de las irregularidades detectadas. La Contraloría ha advertido sobre la necesidad de un seguimiento permanente para garantizar que las soluciones habitacionales lleguen efectivamente a las familias que cumplen los requisitos.
Impacto social y perspectivas futuras
El programa de Vivienda de Interés Social Rural está dirigido específicamente a la población campesina, uno de los sectores más vulnerables del país. Las irregularidades detectadas no solo representan un mal manejo de recursos públicos, sino que posterga indefinidamente el acceso a vivienda digna para miles de familias que han esperado durante años por este beneficio.
La Contraloría concluyó que las debilidades identificadas afectan directamente la correcta ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos sociales del programa. La entidad ha hecho un llamado urgente para corregir estas fallas y garantizar que los subsidios finalmente lleguen a sus destinatarios legítimos, cumpliendo así con el mandato constitucional de garantizar vivienda adecuada para todos los colombianos.
