Críticas a la política catastral rural y advertencia de quiebra del campo
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los propietarios rurales han reavivado el debate en torno a la política catastral y tributaria en el campo colombiano. Durante el último consejo de ministros, el mandatario criticó lo que denominó "la parrandada de terratenientes improductivos que no pagan impuesto sobre la tierra", afirmación que ha sido duramente cuestionada por José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Respuesta del sector agropecuario
En una columna publicada el 27 de marzo de 2026, Lafaurie calificó las declaraciones presidenciales como falsas y carentes de sustento. El dirigente gremial aseguró que "todos los propietarios de tierra pagan impuesto, con pocas excepciones", señalando específicamente a los resguardos indígenas como beneficiarios de exenciones prediales.
Para el presidente de Fedegán, el problema fundamental no radica en la evasión tributaria, sino en la negligencia histórica del Estado en materia catastral. "No estamos ante contribuyentes ladrones, sino ante un Estado negligente", afirmó, explicando que los propietarios rurales pagan conforme a los avalúos establecidos por las autoridades, incluso cuando estos no han sido actualizados durante décadas.
Incrementos catastrales desproporcionados
Lafaurie se refirió específicamente al artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, que ordena una actualización catastral masiva. Aunque esta norma busca corregir un rezago histórico, su implementación a través de la Resolución 2057 de 2025 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha generado incrementos abruptos en los avalúos rurales.
Los ejemplos presentados por el dirigente gremial son contundentes:
- En Saravena, Arauca, el incremento del avalúo catastral supera el 2.500.000%
- El promedio departamental en Arauca alcanza el 201.000%
- En el departamento del Atlántico, los incrementos promedio superan el 18.000%
- Siete departamentos registran aumentos superiores al 1.000%
- Regiones como Nariño, históricamente afectadas por la pobreza, muestran incrementos cercanos al 766%
Cuestionamientos a la metodología aplicada
El presidente de Fedegán plantea serias dudas sobre el cumplimiento del artículo 9 de la Ley Agraria de 1993, que establece que los avalúos rurales deben considerar exclusivamente la capacidad productiva y rentabilidad del suelo cuando su uso es estrictamente agropecuario. Según Lafaurie, los resultados evidencian que este criterio no fue respetado en la actualización catastral.
El propio anexo metodológico del IGAC reconoce un rezago promedio de 15 años en el catastro rural, con municipios que acumulan entre 20 y 30 años sin actualización. Para Lafaurie, este incumplimiento legal no puede corregirse "de golpe y porrazo" trasladando la carga económica a los propietarios.
Advertencia sobre el futuro del campo
La advertencia final del dirigente gremial es tajante. Aunque el impuesto predial tiene límites legales de incremento anual, Lafaurie sostiene que la tendencia será creciente durante varias vigencias, afectando seriamente la viabilidad económica del sector agropecuario.
"La Resolución 2057 es, literalmente, una exacción", concluye el presidente de Fedegán, alertando que su aplicación en un campo marcado por el abandono y la violencia constituye "un camino hacia la quiebra rural". Frente a esta situación, Lafaurie advierte que el sector deberá movilizarse para defender sus intereses y la sostenibilidad económica del campo colombiano.
Esta controversia pone en evidencia las tensiones entre las políticas gubernamentales y las realidades del sector rural, en un momento donde la actualización catastral se ha convertido en un tema central para la economía agropecuaria del país.
