Emergencia climática revela déficit histórico en protección del campo colombiano
La intensa ola invernal que azota a Colombia desde inicios de 2026, particularmente en regiones del norte del país, ha dejado al descubierto una vulnerabilidad crónica del sector agropecuario: la alarmante falta de cobertura de seguros. Mientras miles de familias enfrentan pérdidas materiales y humanas, los productores rurales confrontan una realidad aún más desoladora: la mayoría carece de protección financiera ante desastres climáticos.
Cifras que evidencian la magnitud del problema
Según datos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), solo en ocho departamentos afectados se registran impactos devastadores: 27.075 predios afectados, 546.719 bovinos comprometidos, 3.166 animales muertos y 231.208 hectáreas impactadas. El departamento de Córdoba lidera esta trágica estadística con 145.638 hectáreas anegadas y más de 450.000 bovinos afectados.
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo complementa este panorama con cifras humanitarias preocupantes: más de 93.000 personas damnificadas en todo el país, de las cuales 27.000 se encuentran en Córdoba. Sin embargo, el aspecto más revelador emerge al contrastar estas pérdidas con la cobertura aseguradora disponible.
Protección financiera mínima frente a riesgos máximos
"En Colombia apenas entre el 2% y el 4% de las pérdidas por inundaciones están aseguradas, y solo entre el 1% y el 5% de las tierras agropecuarias cuentan con cobertura", señalan expertos del sector. Esta brecha de protección resulta especialmente preocupante considerando que el país cuenta con instrumentos de aseguramiento desde hace más de cuatro décadas.
La Ley 69 de 1993 estableció el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios (FNRA) y el esquema de subsidios a la prima para actividades agrícolas (ISA), mientras que la Ley 2178 de 2021 buscó fortalecer la seguridad jurídica y financiera del sector. No obstante, los resultados distan de ser satisfactorios.
Crecimiento lento y dependencia estatal
En la última década, el aseguramiento de tierra cultivable apenas ha crecido un 8,7%, equivalente a 14.262 hectáreas adicionales protegidas. Actualmente, solo 74.887 productores se benefician del ISA, con 91 productos amparados. Aunque el incentivo gubernamental ha aumentado 268,8% en diez años, la cobertura de primas solo ha crecido 17 puntos porcentuales.
La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) reporta que en 2025 se pagaron más de 68.000 millones de pesos en siniestros, principalmente por vientos fuertes y exceso de lluvias que afectaron cultivos como plátano y banano. Sin embargo, las primas emitidas el año pasado cayeron 18,1% frente a 2024, reflejando limitaciones presupuestales del incentivo estatal.
Seguros paramétricos: avance insuficiente
Una alternativa prometedora son los seguros paramétricos, que utilizan mediciones satelitales para determinar indemnizaciones automáticas cuando se superan umbrales climáticos preestablecidos. En Córdoba, este instrumento registra 2.731 productores asegurados, con valor asegurado superior a 11.908 millones de pesos.
El cacao lidera en valor amparado, seguido por multiactividad y pastos. En 2025, este seguro ya atendía al 53% de los productores beneficiarios del ISA, ofreciendo mayor dispersión territorial del riesgo y pagos más ágiles. No obstante, cuando se contrasta con las 145.638 hectáreas afectadas en el departamento, queda claro que cubre apenas una fracción del aparato productivo.
Costos de la no protección y propuestas de emergencia
Fedegán advierte en comunicado al Ministerio de Agricultura que solo en Córdoba, Bolívar y norte de Antioquia hay 8.577 predios ganaderos afectados, con 182.389 hectáreas impactadas y más de 493.000 bovinos sin alimento en suelos inundados. La recuperación no es inmediata: una vez bajan las aguas, las praderas deben resembrarse desde cero en procesos que pueden tardar seis meses o más.
Ante esta crisis, el gremio propone medidas de emergencia que incluyen:
- Congelar créditos hasta por un año para afectados
- Crear líneas de crédito a tasa cero
- Subsidiar insumos para la recuperación
- Exonerar del impuesto predial en 2026 a víctimas de la ola invernal
Barreras culturales e institucionales
El problema trasciende lo financiero. "La percepción del seguro como gasto y no como herramienta productiva limita su expansión", reconocen expertos. Mientras el incentivo estatal facilita el acceso, también refuerza la dependencia, creando un ciclo donde la cobertura crece con subsidios y se desacelera con restricciones presupuestales.
Desde Fasecolda admiten que el principal obstáculo no es la inexistencia de productos, sino la dificultad para consolidar una cultura preventiva sostenible. Incluso con el seguro paramétrico, se requiere fortalecer su reglamentación, profundizar la pedagogía entre productores y avanzar en estandarización técnica para facilitar su masificación.
Gestión del riesgo: más allá del seguro
Juan Felipe Álvarez, vicepresidente de Placement de Gallagher Corredores de Seguros, introduce un matiz crucial: "La cobertura no reemplaza la gestión del riesgo. Una parte importante de los daños más severos se presenta cuando no se realizan labores básicas de mantenimiento". Canaletas obstruidas, drenajes sin limpieza o infraestructura rural en mal estado pueden amplificar los efectos de eventos climáticos.
En un entorno donde las lluvias superan en 70% los promedios históricos y los fenómenos extremos se repiten con mayor frecuencia, la transición hacia un esquema preventivo de gestión del riesgo climático ya no es opcional. Se ha convertido en una necesidad estructural para un sector que, año tras año, enfrenta las consecuencias de su propia vulnerabilidad.
