Petro sanciona Ley de Jurisdicción Agraria en Cereté, un avance para el campo colombiano
El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó este viernes en Cereté, departamento de Córdoba, la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, un hito que destraba una de las piezas más importantes del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Esta sanción representa un paso significativo hacia la implementación del primer punto del pacto, la Reforma Rural Integral, diseñada para saldar la deuda histórica del Estado con las comunidades rurales, campesinas y étnicas de Colombia.
Un vacío de nueve años en la justicia agraria
Durante nueve años tras la firma del Acuerdo de Paz, el país careció de un sistema judicial especializado para resolver conflictos relacionados con la tenencia, uso y propiedad de la tierra, incluyendo disputas por linderos, ocupaciones y decisiones sobre baldíos. La Defensoría del Pueblo celebró la aprobación, calificándola como "uno de los instrumentos jurídicos más importantes de los últimos años para el trámite de conflictos sobre tierras y otras cuestiones agrarias". Sin embargo, el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que define reglas, tiempos y trámites específicos, aún espera la aprobación del Congreso, con debates aplazados y sesiones interrumpidas que han empantanado su trámite legislativo.
¿Qué es la Jurisdicción Agraria y cómo funcionará?
Según el Ministerio de Justicia, la Jurisdicción Agraria y Rural es un nuevo poder constitucional otorgado a jueces y magistrados para resolver conflictos agrarios de manera exclusiva y especializada. Hasta ahora, estos casos podían terminar en diversas entidades o jueces no especializados, generando procesos lentos y contradictorios. La nueva jurisdicción busca solucionar disputas de forma rápida y sencilla, garantizando los derechos de todos los actores rurales y reconociendo la protección especial para campesinos y comunidades étnicas.
La ley estatutaria establece la creación de:
- Juzgados y tribunales agrarios en todo el territorio nacional.
- Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, para soporte pericial.
- Facilitadores agrarios que orientarán a la ciudadanía en el acceso a la justicia en asuntos de tierras.
- Procesos de selección por méritos, priorizando conocimientos en derechos campesinos y enfoques étnicos, de género y territoriales.
Conflictos que podrán resolverse y próximos pasos
La Jurisdicción Agraria podrá abordar problemas como la definición de derechos sobre predios, servidumbres agrarias, acciones de nulidad contra actos de la Agencia Nacional de Tierras, lanzamientos por ocupaciones, uso de recursos comunales, uso del suelo rural y contratos agrarios. Expertos y organizaciones sociales han insistido en que esta jurisdicción es la "columna vertebral" de la justicia rural, esencial para aplicar la reforma agraria caso por caso.
No obstante, aún faltan pasos clave para su implementación completa:
- Aprobación de la ley ordinaria por el Congreso, que definirá procedimientos y competencias específicas.
- Implementación gradual del sistema judicial, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, considerando zonas rurales y PDET.
- Reglamentación técnica y presupuestal por parte del Gobierno nacional para garantizar recursos.
- Activación de Centros de Servicios Judiciales y facilitadores agrarios, cruciales para asesoría y acceso efectivo a la justicia.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Congreso para avanzar en el debate y aprobación del proyecto de ley ordinaria antes del fin de esta legislatura en junio de 2026, subrayando que la entrada en vigencia de la ley estatutaria es un mandato para continuar con este proceso.
