Presidente Petro lanza críticas contra terratenientes por impuestos no pagados, pero análisis expone graves fallas catastrales del Estado
En el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente contra lo que denominó "la parrandada de terratenientes improductivos que no pagan impuesto sobre la tierra". Sin embargo, esta afirmación ha sido calificada como falsa y engañosa por expertos en la materia, quienes señalan que el problema radica en las graves deficiencias del sistema catastral colombiano.
El verdadero problema: rezago catastral del Estado
Contrario a lo sugerido por el mandatario, todos los propietarios de tierra pagan el impuesto predial que les es cobrado. La columna de opinión de Judith Araújo de Paniza revela que el verdadero inconveniente no son contribuyentes evasores, sino un Estado negligente que ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones legales durante décadas.
El catastro rural colombiano presenta un rezago promedio de 15 años, con casos extremos de municipios que llevan entre 20 y 30 años sin actualización catastral alguna. Este incumplimiento flagrante de la Ley 145 de 2011, que establece la obligación de actualizar catastros cada cinco años, ha creado una situación insostenible que ahora pretende corregirse de manera abrupta.
Incrementos absurdos en avalúos rurales
La polémica se centra en la actualización masiva de avalúos catastrales contemplada en el artículo 49 de la Ley del Plan y la Resolución 2057 del IGAC, cuya metodología ha sido puesta en duda por generar aumentos desproporcionados:
- En la región 18 de Saravena, Arauca, el incremento supera el 2.500.000% (dos millones quinientos mil por ciento)
- El promedio departamental en Arauca alcanza el 201.000%
- En Atlántico, el incremento promedio supera el 18.000%
- Siete departamentos adicionales presentan incrementos superiores al 1.000%
- Amazonas y Tolima registran aumentos del 900%
- Nariño, departamento predominantemente minifundista, muestra un promedio de 766%
Estos incrementos "rayan en el absurdo" según la columnista, especialmente cuando no consultan el artículo 9º de la Ley 101/93, que establece que en zonas de aprovechamiento agropecuario exclusivo, los avalúos solo deben considerar la capacidad productiva y rentabilidad de la tierra.
Consecuencias para el sector agropecuario
La Resolución 2057 del IGAC representa una exacción fiscal desproporcionada que afecta directamente al sector agropecuario colombiano. A pesar de las limitaciones legales a los aumentos anuales del impuesto predial, la actualización catastral generará una tendencia incremental durante varias vigencias futuras.
Esta situación es particularmente grave en un contexto rural donde, según la analista, "todo falta y solo sobran el abandono y la violencia". La carga impositiva resultante no considera la realidad del campo colombiano y podría convertirse en un camino hacia la quiebra rural si no se implementan mecanismos de gradualidad adecuados.
La necesidad de una corrección gradual
Expertos argumentan que la corrección de un "error omisivo" del Estado que se ha extendido por décadas no puede afectar "de golpe y porrazo" a los propietarios rurales. Se requiere una gradualidad acorde con los tiempos del error estatal, combinada con tarifas mínimas por parte de los municipios para atenuar el impacto.
La movilización del sector agropecuario se perfila como una respuesta probable ante lo que consideran una medida injusta que penaliza a los propietarios por fallas administrativas del Estado en la actualización catastral durante los últimos 15 a 30 años.
