La desviación política de los gremios agrícolas: un análisis profundo
Durante varios años, expertos han venido alertando sobre un fenómeno preocupante en el sector productivo colombiano: la creciente politización de organizaciones gremiales que tradicionalmente cumplían funciones técnicas y representativas. Este proceso de transformación, donde entidades como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) abandonan su esencia institucional para convertirse en actores de la política partidista, ha demostrado tener consecuencias negativas significativas.
El caso emblemático de la Sociedad de Agricultores de Colombia
El año pasado se evidenció claramente esta problemática cuando numerosos congresos gremiales, incluyendo el de la SAC, dejaron de ser espacios de análisis técnico para transformarse en escenarios de debate político. En lugar de concentrarse en temas fundamentales como:
- Productividad agrícola
- Financiamiento del sector
- Infraestructura rural
- Acceso a mercados internacionales
Estos espacios privilegiaron el espectáculo político, invitando a candidatos presidenciales y generando dinámicas más propias de campañas electorales que de discusiones técnicas sectoriales.
Conflicto de interés institucionalizado
La situación se ha agravado considerablemente con lo que podría calificarse como una peligrosa intromisión en la administración pública. Durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, la SAC logró obtener asientos en juntas directivas de entidades adscritas al Ministerio de Agricultura, específicamente en Finagro y el ICA.
Esta situación genera un evidente conflicto de interés, pues dirigentes gremiales que deben defender los intereses de sus afiliados terminan participando en decisiones administrativas del Estado. Sería equivalente a que la ANDI o Asobancaria tuvieran representación en las juntas directivas de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Financiera.
Resultados concretos del estancamiento
Las consecuencias de esta politización gremial son tangibles y preocupantes:
- Estancamiento económico: En la última década, el PIB agropecuario colombiano creció apenas un 2,8% anual en promedio.
- Participación reducida: Su contribución al PIB nacional se mantuvo alrededor del 6,2%, cifra mediocre para un país con clara vocación agrícola.
- Frontera agrícola estancada: Colombia sigue cultivando aproximadamente 5,5 millones de hectáreas de las 39 millones aptas para agricultura.
- Dependencia alimentaria creciente: Las importaciones de productos agropecuarios aumentaron de 10 a 14 millones de toneladas anuales.
- Exclusión financiera: Más del 80% de los campesinos colombianos permanece fuera del sistema financiero formal.
- Pobreza rural persistente: La pobreza en zonas rurales se mantiene por encima del 42%.
Abandono de las necesidades reales del campo
Mientras la SAC se distrae con juegos políticos, los agricultores colombianos enfrentan problemas estructurales graves:
- Vías de comunicación precarias e insuficientes
- Inseguridad y extorsión en zonas rurales
- Carga tributaria elevada
- Decisiones gubernamentales erráticas
- Falta de asistencia técnica adecuada
- Sistemas de riego insuficientes
Peor aún, la organización guardó silencio cómplice frente a situaciones críticas como invasiones de tierras, expropiaciones exprés y problemas en la jurisdicción agraria, permitiendo la quiebra de miles de productores de cultivos estratégicos como maíz, yuca, algodón y caña.
La necesidad urgente de cambio
El campo colombiano requiere con urgencia liderazgo técnico y representación genuina, no cálculo electoral ni intercambio de cercanía política por cuotas de poder. Los gremios agrícolas deben retomar su función esencial: defender los intereses legítimos de sus afiliados mediante análisis serio, propuestas técnicas fundamentadas y diálogo constructivo con todos los actores del sector, sin caer en tentaciones partidistas que solo generan pérdida de credibilidad y resultados negativos para quienes dicen representar.
La recuperación del rol institucional de organizaciones como la SAC no es solo deseable, sino indispensable para el desarrollo sostenible del sector agropecuario colombiano y para garantizar la soberanía alimentaria del país.
