El hundimiento del proyecto de ley que buscaba reglamentar la jurisdicción agraria en Colombia ha generado una coincidencia poco frecuente entre gremios, exministros, analistas y sectores políticos: todos consideran que el país necesita una justicia especializada para resolver los conflictos sobre la tierra. Sin embargo, también coinciden en que las diferencias sobre quién debía tomar ciertas decisiones agrarias terminaron frustrando una iniciativa considerada clave para el campo, mientras crecen las advertencias sobre los efectos institucionales que puede generar la falta de una norma que permita poner en marcha plenamente la reforma.
La discusión tomó fuerza luego de que desde el propio Gobierno se reconociera que la iniciativa ya no cuenta con los tiempos legales necesarios para completar su trámite legislativo. Esa conclusión fue respaldada por dirigentes políticos de distintos sectores, quienes sostienen que el proyecto agotó las dos legislaturas permitidas y no podría ser resucitado mediante sesiones extraordinarias.
Consenso sobre la necesidad de una justicia rural especializada
Pese a las diferencias que surgieron durante el trámite legislativo, las voces consultadas coinciden en que el país necesita una jurisdicción agraria especializada, pero mucho mejor organizada. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aseguró que la discusión no debe interpretarse como una oposición a la creación de una justicia rural. Por el contrario, sostuvo que el sector productivo ha respaldado la necesidad de contar con mecanismos especializados para resolver los conflictos en el campo. Según explicó, si un próximo Gobierno y un próximo Congreso presentan nuevamente una iniciativa sobre la materia, el escenario podría ser favorable para retomar la discusión. Bedoya afirmó: “Desde la SAC siempre hemos dicho que se necesita una justicia rural”.
La misma posición fue expresada por Cecilia López, exministra de Agricultura y una de las impulsoras de la ley estatutaria que creó la jurisdicción agraria. Para ella, la existencia de jueces especializados es indispensable para superar problemas históricos relacionados con la tenencia y formalización de la tierra. “Esa ley es muy importante, esa ya fue aprobada, está en la Constitución, porque si no hay jueces especializados en temas agrarios, pasa la historia que vivimos, que no se le resuelve a los campesinos su situación sobre sus predios y les frenan su vida”, señaló. López agregó que las normas posteriores tenían precisamente el objetivo de volver operativa esa transformación institucional. En su criterio, sin esos instrumentos la reforma queda incompleta y pierde capacidad de ejecución.
Una visión similar fue planteada por Andrés Valencia, exministro de Agricultura, quien considera que la jurisdicción agraria es necesaria para evitar que los conflictos relacionados con la tierra queden concentrados exclusivamente en instancias administrativas. Para Valencia, la existencia de jueces especializados ofrece mayores garantías para la protección del debido proceso, el derecho a la defensa y la independencia de las decisiones.
La disputa sobre las competencias terminó rompiendo los acuerdos
Aunque existe consenso sobre la necesidad de la jurisdicción agraria, los entrevistados identifican un punto específico que terminó bloqueando el avance del proyecto. Bedoya sostiene que el principal problema surgió por las facultades que el Gobierno pretendía otorgar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según su lectura, varias disposiciones generaron preocupación porque podían reducir el papel de los jueces dentro de los procesos agrarios. “Se necesita una justicia rural donde los jueces no pierdan las competencias y donde se le garanticen a los ciudadanos el debido proceso”, afirmó. El dirigente gremial señaló que precisamente ese aspecto provocó el mayor nivel de resistencia durante la discusión legislativa. A su juicio, la Cámara de Representantes corrigió parte de esas preocupaciones mediante modificaciones que preservaban competencias judiciales y garantías procesales.
Javier Flórez, director de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, también ubica allí el origen del problema, aunque desde una perspectiva más amplia relacionada con la arquitectura institucional del sistema agrario. Flórez sostiene que la controversia se agravó cuando el Gobierno impulsó cambios relacionados con el Decreto 902, una decisión que, según explicó, terminó debilitando el consenso técnico que se había construido previamente. “Ese articulito de la jurisdicción agraria fue la que dio al traste con el consenso técnico que había logrado la ministra Carvajalino”, aseguró. De acuerdo con el analista, ese episodio generó desconfianza en distintos sectores y terminó paralizando una iniciativa que durante varios meses había avanzado con importantes niveles de concertación. En su opinión, el mayor error fue alterar un esquema que ofrecía tranquilidad jurídica al permitir que los jueces tuvieran un papel central en la resolución de controversias agrarias.
Las críticas no se limitaron al contenido del proyecto. Varios de los expertos consultados cuestionaron también la estrategia política utilizada para sacar adelante la iniciativa. Cecilia López considera que el Gobierno no logró construir las condiciones necesarias para asegurar la aprobación de una reforma que califica como imprescindible. “Estoy de acuerdo con esa petición (de los ministros de Agricultura y justicia), pero estoy en desacuerdo que aunque ya se dieron por derrotados, no hicieron una buena gestión, es mi conclusión”, manifestó. La exministra sostuvo que el fracaso resulta especialmente preocupante porque la ley estatutaria ya fue incorporada al marco constitucional y requiere herramientas complementarias para funcionar de manera efectiva. Flórez también habló de errores de cálculo político. A su juicio, la falta de consenso alrededor de algunos artículos terminó frenando una iniciativa que contaba con respaldo técnico y que podía contribuir a resolver problemas estructurales del campo colombiano.
Coincidencia política: el proyecto ya no puede revivir
Otro de los hallazgos que deja el debate es la amplia coincidencia sobre la imposibilidad jurídica de rescatar el proyecto durante sesiones extraordinarias. Bedoya recordó que el propio Gobierno reconoció esa situación en documentos oficiales. Según explicó, la iniciativa ya no dispone de los tiempos legales requeridos para culminar su trámite. “El mismo Gobierno dice que habiendo sido radicado el 27 de agosto del 2024 y encontrándose próximo el cierre de la actual legislatura, dicha iniciativa no cuenta con los tiempos legales necesarios para su aprobación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 190 de la ley 5º de 1992, al haber transcurrido dos legislaturas sin culminar su trámite de aprobación”, afirmó.
Esa lectura coincide con las posiciones expresadas por la senadora Paloma Valencia y por la senadora Angélica Lozano. Valencia argumentó que la Corte Constitucional fue clara al establecer que una vez terminada la legislatura correspondiente los proyectos que no completaron su trámite deben archivarse. “Lo que quieren hacer es ilegal y viola la Constitución, la ley y la jurisprudencia”, sostuvo. Por su parte, Angélica Lozano afirmó que los tiempos legislativos ya expiraron y que la iniciativa no puede ser sometida nuevamente a votación en sesiones extraordinarias. “Tiene razón Paloma Valencia en que estos dos proyectos no pueden votarse en extras y ya se hundieron”, señaló.
El temor ahora es el vacío institucional
Más allá del hundimiento, los expertos advierten que el principal desafío comienza ahora. Flórez recordó que Colombia enfrenta graves problemas de informalidad en la propiedad rural. Según indicó, cerca de la mitad de los predios del país presentan condiciones de informalidad y una parte importante del catastro sigue sin actualizarse. En ese contexto, considera que la ausencia de una jurisdicción agraria plenamente operativa puede dificultar la resolución de conflictos y retrasar procesos de transformación territorial. “Difícilmente podrá avanzar exitosamente en procesos de transformación territorial y de seguridad”, afirmó.
Angélica Lozano expresó una preocupación similar. La senadora advirtió que la Corte Constitucional ya ordenó la entrada en funcionamiento de jueces y tribunales agrarios, lo que abre interrogantes sobre los procedimientos que deberán aplicar ante la ausencia de una ley complementaria. “Viene choque institucional y caos o despilfarro porque la Corte Constitucional ya ordenó que el 1 de enero del próximo año comiencen a operar los jueces y tribunales agrarios”, aseguró. La congresista lamentó que una diferencia puntual relacionada con competencias sobre baldíos terminara bloqueando una iniciativa que, según dijo, tenía consensuado cerca del 99% de su contenido.
Al final, el hundimiento de la jurisdicción agraria deja una paradoja: mientras existe acuerdo sobre la necesidad de contar con jueces especializados para resolver los conflictos sobre la tierra, persisten profundas diferencias sobre cómo distribuir las competencias entre las autoridades agrarias y judiciales.
