El programa de concesiones de quinta generación (5G) que administra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) suma una inversión prevista de $45,7 billones en 13 proyectos carreteros, férreos, fluviales y aeroportuarios. Este es uno de los principales pendientes que recibirá el gobierno de Abelardo De La Espriella, quien asume la Presidencia el siete de agosto, en medio de la transición de mando que vigila la Contraloría General de la República.
Ocho proyectos sin avance físico
De esos 13 proyectos, ocho registran cero por ciento de avance con corte a diciembre del año pasado, según un informe de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Esto representa más de la mitad de un programa clave para reactivar la construcción, uno de los motores de la economía. Los cinco restantes ya están en fase de construcción, con avances que van desde el 43% de la Nueva Malla Vial del Valle en Accesos Cali y Palmira hasta apenas el 1% del proyecto aeroportuario IP-Rafael Núñez en Cartagena.
Entre los proyectos sin avance se encuentran Accesos Norte Fase II y ALO Sur en Bogotá, en preconstrucción; Estanquillo-Popayán, que estaba en publicación de pliegos definitivos aunque su contrato ya fue protocolizado en mayo; Villeta-Guaduas, a la espera de concepto del Ministerio de Hacienda; y Cajamarca, bajo la figura de iniciativa privada Ruta de los Andes, en factibilidad con audiencia pública programada para el ocho de septiembre.
Proyectos multimodales también estancados
Los dos proyectos multimodales de la lista, Dorada-Chiriguaná (modo férreo) y Canal del Dique (modo fluvial), también aparecen en cero por ciento de avance. El primero es la primera asociación público-privada férrea del país, con inversión de $3,4 billones y un corredor de 526 kilómetros, adjudicada en mayo del año pasado. El Canal del Dique, por su parte, enfrenta la derogación de su licencia ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, que exige un nuevo estudio de impacto centrado en un santuario de fauna ubicado a 20 kilómetros del canal.
Avances parciales en cinco proyectos
Entre los proyectos que sí avanzan, la Troncal del Magdalena Sabana de Torres-Curumaní C2, a cargo de la concesión Autopista del Río Grande, reportaba un avance del 14,7% a diciembre. "El impacto negativo reputacional lo hereda el gobierno, y las comunidades no creían", explicó a Portafolio el gerente general de la concesión, Paulo César Marín Ballesteros, durante un recorrido por la obra. Este corredor fue heredado de un contrato anterior con Ruta del Sol, que solo completó 180 de 300 kilómetros comprometidos.
El proyecto Buenaventura-Loboguerrero-Buga, con inversión de $7 billones según la CCI, mostraba un avance del 12%, mientras que Puerto Salgar-Barrancabermeja C1 registraba 11%. Ambos corredores, junto con Sabana de Torres-Curumaní, forman parte de las Concesiones del Bicentenario, adjudicadas durante el gobierno Petro.
Litigio por Conexión Centro
Más allá de los 13 proyectos, el nuevo Gobierno recibe un litigio administrativo activo alrededor de la iniciativa privada Conexión Centro, propuesta por Odinsa Vías para modernizar el corredor Armenia-Pereira-Manizales y Calarcá-La Paila, con una inversión estimada en $7 billones. La ANI rechazó la iniciativa en mayo, pese a que el informe final de su consultor, Incoplan S.A.S., recomendó continuar el proceso. Ese rechazo motivó un requerimiento formal de la Contraloría General de la República, que pidió a la ANI explicar por qué se apartó de la recomendación técnica.
"Nosotros queremos que se respeten las reglas de juego, el marco jurídico", afirmó el presidente de Odinsa, Jean Pierre Serani, en entrevista con Portafolio. El directivo señaló que el proceso llevaba ocho años de trabajo previo, con consultas ambientales y consulta previa indígena aprobadas. "Sentimos que es una decisión precipitada", agregó, vinculando el rechazo con las protestas registradas desde mediados de mayo en peajes de Autopistas del Café.
Impacto en empleo y economía
Los 13 proyectos, junto con Conexión Centro, involucran corredores en al menos 10 departamentos. El proyecto Dorada-Chiriguaná proyecta reactivar 1079 kilómetros de vías férreas y generar 32.000 empleos directos e indirectos, según cifras de la ANI. En el frente carretero, la concesión Autopista del Río Grande reporta hoy 3.211 empleos directos, más de la mitad de mano de obra local, pese a haber enfrentado ataques con maquinaria incendiada en mayo de 2025 en Pelaya y Curumaní, Cesar. "El proyecto ha continuado y va con muy buen avance. Ese es el gran mensaje", señaló Marín Ballesteros.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella deberá decidir cómo continuar con contratos que llevan años sin salir de la etapa de factibilidad, cómo resolver el litigio abierto por el rechazo de Conexión Centro y cómo destrabar la licencia ambiental pendiente del Canal del Dique.
