El Gobierno Nacional intensificó sus gestiones para que la Jurisdicción Agraria y Rural comience a operar sin más demoras. Mediante una misiva dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, los ministerios de Justicia y Agricultura exigieron definir una ruta institucional que permita poner en marcha esta jurisdicción antes del año 2027, sustentando que existe un marco constitucional, legal y jurisprudencial suficiente para ello.
Presión del Ejecutivo para activar la Jurisdicción Agraria
La carta, remitida a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, y a la vicepresidenta Claudia Expósito Vélez, sostiene que la creación de esta jurisdicción representa uno de los avances más significativos en acceso a la justicia para las comunidades rurales desde la Constitución de 1991. El Gobierno argumenta que su implementación responde a compromisos del Acuerdo Final de Paz, especialmente en transformación rural y resolución de conflictos de tierra, y recuerda que el Acto Legislativo 03 de 2023 la incorporó formalmente a la Rama Judicial.
Los ministros Martha Viviana Carvajalino Villegas (Justicia) y Jorge Iván Cuervo Restrepo (Agricultura) afirman que esta jurisdicción es clave para garantizar derechos, fortalecer la seguridad jurídica en el campo y contribuir a la paz territorial.
Fundamento jurídico sólido según el Gobierno
Uno de los puntos centrales de la comunicación es que no existe impedimento constitucional para seguir aplazando la entrada en funcionamiento. Los ministros destacaron que la Corte Constitucional ha respaldado la figura en varias sentencias, como las C-073 de 2018, C-340 de 2025 y C-099 de 2026, donde se reafirma que la Jurisdicción Agraria y Rural es el juez natural de las controversias agrarias. Además, la Corte ordenó a todas las ramas del poder público tomar las medidas necesarias para una implementación progresiva y oportuna.
La carta señala que "la Jurisdicción Agraria y Rural cuenta actualmente con un sólido fundamento constitucional, legal y jurisprudencial que permite y exige su entrada en funcionamiento", y que es "una realidad jurídica plenamente incorporada al ordenamiento, cuyo desarrollo e implementación constituyen un mandato de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades públicas".
El Gobierno también recordó que el Consejo Superior de la Judicatura tiene responsabilidades específicas según la reforma constitucional y la ley, como la creación de tribunales y juzgados agrarios, cuyo plazo venció el 24 de diciembre de 2023. Asimismo, la Ley 2570 de 2026 establece que el concurso de méritos para seleccionar funcionarios debe convocarse dentro de los seis meses siguientes a su promulgación, plazo que vence el 27 de septiembre de 2026.
La ausencia de ley no debe detener la implementación
Aunque el Gobierno reconoce que el Congreso no ha culminado la reglamentación integral de competencias y procedimientos, considera que esto no puede ser excusa para retrasar la operación. La carta menciona que una primera iniciativa legislativa se archivó en junio de 2024 y un segundo proyecto sigue pendiente en plenarias del Senado y la Cámara.
Sin embargo, los ministerios sostienen que la falta de una ley específica no elimina las obligaciones constitucionales existentes, y que otras autoridades deben adoptar medidas para garantizar la efectividad de la reforma. Colombia ya cuenta con normas como la Ley 160 de 1994, Ley 6 de 1975, Ley 1561 de 2012 y Decreto Ley 902 de 2017, además del Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo, que permiten identificar asuntos agrarios y asignar competencias.
La carta enfatiza que "la ausencia de regulación legal específica sobre competencias y procedimiento no puede interpretarse como un obstáculo para la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural, ni como una justificación para diferir indefinidamente el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales ya vigentes".
Advierte que seguir retrasando su puesta en funcionamiento podría afectar derechos fundamentales de las poblaciones rurales, como el acceso a la justicia, el derecho al juez natural y las garantías procesales de campesinos y comunidades étnicas.
Solicitud de ruta institucional transitoria
El Gobierno solicitó al Consejo Superior de la Judicatura definir una ruta institucional transitoria con medidas administrativas, presupuestales, organizacionales y normativas para que la jurisdicción opere antes de 2027. También pidió evaluar acuerdos, lineamientos e instrumentos que faciliten la implementación progresiva mientras el Congreso completa el desarrollo legislativo.
Finalmente, solicitó criterios para el traslado de procesos y la definición de competencias con base en las normas vigentes, para asegurar la atención inmediata de asuntos que correspondan a jueces y tribunales agrarios. Los ministerios reiteraron su disposición de acompañar técnicamente al Consejo y señalaron que la consolidación de esta jurisdicción es un paso necesario para fortalecer el acceso a la justicia, avanzar en la transformación rural y cumplir los compromisos de paz y garantía de derechos.
