Infraestructura sin caja: el drama de los pagos atrasados en el Invías
La Cámara Colombiana de la Infraestructura lanzó una alerta urgente al gobierno nacional para que garantice los recursos que necesita el Invías y pueda cumplir con las obligaciones de contratos de construcción, consultoría e interventoría ejecutados durante 2026. Según el gremio, se requieren $500.000 millones y la demora podría poner en riesgo 55 proyectos estratégicos en varias regiones del país.
La cifra es preocupante, pero más alarmante resulta al revisar los datos oficiales del Ministerio de Hacienda. Hasta abril de 2026, el Invías tenía una apropiación vigente superior a $5,6 billones. De ese total, cerca de $2,5 billones ya estaban comprometidos, lo que representa aproximadamente el 44% de su presupuesto. Sin embargo, los pagos efectuados apenas alcanzaban $92.000 millones, es decir, alrededor del 1,6% del total disponible.
El cuello de botella del PAC
La pregunta es inevitable: si los contratos existen, los proyectos están en ejecución y las obligaciones fueron adquiridas, ¿qué impide que los recursos lleguen a quienes realizaron el trabajo? La respuesta que recibe el sector apunta al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Sin disponibilidad de PAC no hay desembolsos. Desde una perspectiva presupuestal, la explicación puede ser válida, pero para las empresas que trabajan en el territorio el problema sigue siendo el mismo: los costos ya fueron asumidos, las actividades ya se ejecutaron y los pagos no llegan.
Detrás de cada contrato hay equipos de ingeniería, profesionales, técnicos, operadores, proveedores y empresas que siguen respondiendo por obligaciones laborales, tributarias y financieras. Cuando los pagos se retrasan durante meses, las empresas terminan financiando temporalmente actividades que corresponden al Estado. Algunas usan capital de trabajo, otras recurren al crédito, y todas ven afectada su capacidad de inversión y crecimiento. Ninguna fue creada para desempeñar ese papel.
Contexto adverso: seguridad e inestabilidad institucional
La situación adquiere una dimensión mayor al observar el contexto en el que opera el sector. En varias regiones persisten problemas de seguridad que afectan el desarrollo de los proyectos: extorsiones, robos de equipos y presencia de grupos armados. A esto se suma la alta rotación de directivos en algunas de las principales entidades del sector durante los últimos años. Nada de esto facilita la ejecución de los proyectos.
Por esa razón, la discusión actual va mucho más allá de los $500.000 millones que reclama el sector. Lo que está en juego es la credibilidad de un sistema que depende de la colaboración entre el Estado y las empresas para materializar las inversiones que el país necesita. Es difícil entender por qué una situación que amenaza decenas de proyectos estratégicos puede prolongarse durante meses. Más difícil aún cuando desde distintos escenarios se transmite que los pagos podrían comenzar a normalizarse después del 21 de junio. Si los recursos estarán disponibles entonces, ¿por qué no pueden estarlo hoy?
Lecciones para el próximo gobierno
Las empresas no están solicitando nuevos contratos ni recursos adicionales. Tampoco plantean modificaciones a las reglas del juego. Lo único que esperan es recibir el pago correspondiente a trabajos ya ejecutados y recibidos por las entidades contratantes. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, este episodio deja una lección importante para quienes aspiran a dirigir el país.
La infraestructura no puede entenderse únicamente como un listado de nuevas carreteras, puentes o corredores logísticos. También implica garantizar que las instituciones funcionen, que los recursos aprobados lleguen oportunamente a los proyectos, que exista seguridad en las regiones y que las entidades responsables del sector cuenten con estabilidad suficiente para desarrollar políticas de largo plazo.
El próximo presidente recibirá una economía con restricciones fiscales y enormes necesidades de inversión. Precisamente por eso será fundamental recuperar la confianza de quienes diseñan, construyen y supervisan la infraestructura nacional. Tratar la infraestructura como una verdadera política de Estado exige liderazgo, continuidad institucional, seguridad y disciplina presupuestal. También exige algo mucho más simple: que el Estado cumpla los compromisos que ya adquirió. Las obras ya están hechas.
