Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de Colombia han presentado una propuesta concreta al próximo gobierno, con el objetivo de impulsar una reforma integral del sector. La iniciativa, liderada por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y el Observatorio Nacional de la MiPyme, incluye una agenda económica para el periodo 2026-2030 que abarca temas tributarios, laborales, financieros, energéticos y de competitividad.
Una reforma tributaria para las MiPymes
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la reforma del sistema tributario. Las pequeñas empresas consideran que la carga fiscal y la complejidad de las obligaciones siguen siendo barreras para la formalización y el crecimiento. Por ello, plantean una tarifa de renta del 30% para las MiPymes, además de una tarifa de formalización del 0% en el Régimen Simple durante los dos primeros años para nuevos emprendimientos. También proponen ampliar el acceso a este mecanismo hasta las 200.000 UVT.
La agenda incluye medidas orientadas a mejorar la liquidez empresarial, como la exclusión de conceptos salariales del gravamen a los movimientos financieros y la posibilidad de descontar hasta el 100% del IVA en la compra de maquinaria y equipos. Según los empresarios, estas iniciativas permitirían liberar recursos para inversión, modernización y expansión de los negocios.
Empleo formal y reducción de costos laborales
La propuesta también dedica un espacio importante al mercado laboral. El documento plantea ajustes orientados a facilitar la contratación formal y reducir algunos costos asociados al empleo. Entre las medidas incluidas aparece la posibilidad de cotizar a seguridad social de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Asimismo, propone que las EPS asuman las incapacidades por enfermedad general desde el primer día.
La agenda incorpora incentivos dirigidos a fortalecer la contratación de jóvenes y mujeres, dos segmentos que las organizaciones empresariales consideran prioritarios para ampliar la participación laboral formal. Detrás de estas iniciativas existe una preocupación compartida por buena parte de las MiPymes: cómo generar empleo sin que los costos laborales terminen limitando la capacidad de crecimiento de los negocios.
Más crédito para impulsar la productividad
Otro de los temas que concentra la atención de la propuesta es el acceso al financiamiento. Las organizaciones empresariales consideran que muchas pequeñas empresas continúan enfrentando dificultades para obtener recursos que les permitan crecer, invertir o innovar. Por esta razón plantean subsidios entre cinco y diez puntos porcentuales en las tasas de microcrédito para empresas formalizadas.
La agenda también propone fortalecer la banca pública de desarrollo e impulsar mecanismos alternativos de financiamiento como el factoring electrónico, el crowdfunding y el lending digital, con el fin de ampliar las fuentes de recursos para empresas que tradicionalmente encuentran mayores obstáculos para acceder al sistema financiero convencional.
Competitividad y simplificación administrativa
Más allá de los impuestos y el crédito, el documento sostiene que la competitividad depende también de la reducción de cargas administrativas y regulatorias. Por esa razón propone la creación de un Estatuto Tributario Territorial que permita simplificar obligaciones frente a departamentos y municipios. Igualmente plantea eliminar el Registro Único de Proveedores y fortalecer iniciativas de simplificación como Estado Simple y Colombia Ágil.
La agenda parte de un diagnóstico según el cual las empresas enfrentan actualmente desafíos relacionados con la desaceleración económica, la inseguridad, la incertidumbre política, los sobrecostos operativos, la inseguridad jurídica y el debilitamiento de la confianza inversionista.
Seguridad energética y desarrollo regional
La propuesta también incorpora elementos menos habituales dentro de las discusiones de las MiPymes. Uno de ellos es la necesidad de construir una Política Integral de Seguridad Energética que garantice el abastecimiento para la actividad productiva. Dentro de esta estrategia se plantea evaluar la incorporación de energía nuclear mediante reactores nucleares pequeños, además de fortalecer otras fuentes de generación.
En paralelo, el documento impulsa un CONPES para el Caribe con inversiones estimadas en $20 billones durante una década. El propósito es cerrar brechas de infraestructura, logística y competitividad en una de las regiones con mayor potencial económico del país.
Con esta agenda, las MiPymes buscan que el próximo gobierno incorpore una visión de largo plazo para el desarrollo empresarial, apostando por una transformación más amplia del entorno económico para que las pequeñas empresas puedan crecer, formalizarse y convertirse en uno de los motores del desarrollo productivo durante el próximo cuatrienio.
