La decisión de la Corte de Alberta, en Canadá, que autorizó a Canacol Energy a terminar de manera anticipada y unilateral sus contratos de transporte y suministro de gas natural, encendió las alertas del sector energético colombiano. Aunque el fallo no implica la finalización inmediata de los acuerdos comerciales en el país, la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) y la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) solicitaron a las autoridades adoptar medidas para garantizar la continuidad del abastecimiento mientras se surten los procedimientos previstos por la legislación nacional.
El alcance del fallo y el proceso que debe surtirse en Colombia
Los dos gremios señalaron que la decisión judicial adoptada en Canadá no produce efectos automáticos sobre los contratos vigentes en Colombia. Explicaron que el fallo deberá ser notificado a la Superintendencia de Sociedades para que se inicie un proceso interno de revisión, durante el cual se analizará si su eventual aplicación podría afectar el orden público y la prestación del servicio público de gas natural.
Ese procedimiento contempla la evaluación de posibles impactos sobre la seguridad, la convivencia y la estabilidad social, criterios que forman parte del marco jurídico colombiano para este tipo de casos. En ese sentido, Naturgas y Asoenergía recordaron que cualquier decisión extranjera debe someterse a los mecanismos previstos en la legislación nacional antes de generar efectos sobre las operaciones que se desarrollan en el país.
Los gremios insistieron en que la normativa colombiana prevalece durante este proceso y que la validación requiere tiempo, por lo que no existe una terminación inmediata ni masiva de los contratos de suministro y transporte de gas natural derivados exclusivamente del pronunciamiento de la Corte canadiense.
Sin embargo, ambas organizaciones manifestaron preocupación por el escenario que podría abrirse si la situación deriva en cambios sobre la operación de Canacol Energy, debido al papel que la compañía desempeña dentro del sistema de abastecimiento de gas natural en Colombia.
La participación de Canacol en el suministro nacional
Actualmente, la empresa suministra parte de la demanda de siete departamentos de la Costa Caribe y de varios municipios de Norte de Santander. Ese volumen abastece a usuarios residenciales, comercios, industrias y al sector del transporte, y representa cerca del 7,5 % del suministro nacional de gas natural, según la información entregada por los gremios.
La participación de Canacol en esas regiones hace que cualquier modificación en sus operaciones sea seguida de cerca por los actores del mercado, especialmente en un contexto en el que el abastecimiento energético se mantiene como uno de los temas centrales para la industria, el comercio y los usuarios del servicio público.
Los gremios advierten sobre la necesidad de preservar la confiabilidad del sistema
Frente al escenario abierto por la decisión judicial, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, planteó la necesidad de acudir a mecanismos que permitan reducir la incertidumbre alrededor del abastecimiento y de la operación de la compañía.
“Es imperativo acudir a mecanismos que puedan mitigar la incertidumbre jurídica o agrave la declinación de la producción de la compañía en Colombia. Desde Naturgas reiteramos que la terminación de obligaciones contractuales no son la única, ni la última opción viable cuando lo que está en juego es la protección del abastecimiento de gas natural sin sacrificar la prestación del servicio, la confianza del sistema y la seguridad energética de los colombianos”, expresó.
El gremio sostuvo que el objetivo debe concentrarse en preservar la continuidad del servicio mientras avanzan los procedimientos legales y regulatorios. En ese contexto, insistió en la importancia de mantener condiciones que permitan atender la demanda de los usuarios y dar estabilidad a la infraestructura energética.
Asoenergía también se pronunció sobre el alcance que tendría un eventual impacto en la operación de Canacol. La asociación recordó que la compañía es el segundo mayor productor de gas natural del país y que cubre aproximadamente el 35,8 % del abastecimiento de la Costa Caribe.
Desde la perspectiva de los grandes consumidores industriales y comerciales de energía, ese nivel de participación convierte cualquier alteración en un asunto de interés para el aparato productivo nacional, debido a la dependencia que distintos sectores económicos tienen del suministro continuo de gas natural para mantener sus procesos operativos.
Por esa razón, el gremio pidió que las autoridades envíen señales de estabilidad y confiabilidad al mercado energético, con el fin de evitar que la incertidumbre afecte las decisiones relacionadas con la actividad económica.
Silvana Habib Daza, directora ejecutiva de Asoenergía, afirmó: “Para la industria colombiana, la confiabilidad en el suministro de gas natural es una condición indispensable para mantener la producción, el empleo y la competitividad. Cualquier escenario que genere incertidumbre sobre el abastecimiento envía señales negativas a quienes hoy toman decisiones de inversión y pone en riesgo la continuidad de las operaciones. El país no podrá avanzar en políticas de reindustrialización ni fortalecer su capacidad productiva si no se garantiza la seguridad energética; este es un requisito esencial para atraer inversión y proteger el empleo de los colombianos”.
El llamado a las autoridades para garantizar el abastecimiento
Como parte de su pronunciamiento conjunto, Naturgas y Asoenergía solicitaron la intervención coordinada de varias entidades del Estado para asegurar que el proceso derivado del fallo judicial no comprometa la prestación del servicio.
En particular, hicieron un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que, dentro de sus competencias, adopten las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento energético y la continuidad del suministro hacia los diferentes usuarios.
Los gremios señalaron que la coordinación institucional resulta necesaria debido a la participación que cada una de esas entidades tiene en la supervisión de las empresas, la prestación de los servicios públicos y el seguimiento a la actividad del sector de hidrocarburos.
También reiteraron que el proceso abierto tras la decisión de la Corte canadiense debe desarrollarse conforme a las disposiciones previstas por la legislación colombiana, respetando las competencias de las autoridades nacionales y los mecanismos de revisión establecidos para este tipo de situaciones.
