Para comprender el debate en torno al Fondo Nacional del Café, es necesario diferenciar entre este fondo y la Federación Nacional de Cafeteros, entidad que lo administra. Esta administración tiene un origen histórico que se remonta a la Ley 76 de 1927, la cual creó un gravamen sobre el café exportado y condicionó su recaudo a que el Gobierno celebrara un contrato con la Federación para prestar servicios en beneficio de la industria cafetera. Dicha ley también estableció que el contrato tendría una duración de diez años, prorrogable por períodos iguales.
Según la propia Federación, el Fondo Nacional del Café fue creado el 22 de noviembre de 1940, y su gestión por parte de la Federación se formalizó mediante un contrato con el Gobierno en diciembre de ese mismo año. Es decir, primero surgió la parafiscalidad cafetera y la delegación contractual a la Federación en 1927-1928, y posteriormente, en 1940, nació formalmente el Fondo como una cuenta especial.
El propósito histórico del Fondo ha sido proteger y fortalecer la caficultura colombiana, especialmente a través de instrumentos como la garantía de compra, la comercialización, la estabilización del ingreso cafetero, la promoción del café colombiano, la asistencia técnica y otros bienes y servicios colectivos para los caficultores. La Ley 9 de 1991 estableció la contribución con destino al Fondo con el objetivo de sostener el ingreso cafetero.
Dicho esto, la Federación Nacional de Cafeteros ha mantenido una administración histórica del Fondo, enfocada especialmente en garantizar la compra de café a los pequeños caficultores. No se cuestiona la infraestructura ni la capacidad institucional que la Federación ha construido a lo largo de las décadas; lo que sí se puede evaluar son los desafíos futuros, que sugieren la necesidad de estudiar los instrumentos y programas del Fondo para corregir posibles errores si no han sido efectivos, equitativos o suficientes para el caficultor colombiano.
En este ecosistema cafetero, las cooperativas desempeñan un papel fundamental: 33 cooperativas cafeteras que, a lo largo de las décadas, han sido el vehículo para la garantía de compra, la regulación de precios en las regiones y la articulación de los pequeños caficultores en diversas zonas del país. Estas cooperativas han enfrentado múltiples crisis, todas relacionadas con dificultades económicas, operativas y comerciales. La falta de un fortalecimiento efectivo del sistema cooperativo llevó a la crisis de los futuros, que culminó con la liquidación de la Cooperativa de Caficultores de los Andes (Cooperandes), la cual fue rescatada por el actual gobierno mediante un ejercicio de conciliación y articulación ejemplar entre el sector bancario, la Federación Nacional de Cafeteros y el Gobierno Nacional.
De acuerdo con datos de la Supersolidaria, los productores de café en el sector solidario representan aproximadamente el 30,3% del total nacional, lo que equivale a unos 164.800 caficultores. El 44,62% de los productores tienen ingresos mayores a cero y hasta un salario mínimo legal vigente (SMLV), seguido de un 37,4% que reporta no tener ingresos mensuales. Esto sugiere una proporción considerable de productores que enfrentan desafíos económicos.
Además, el 70,83% de los productores son mayores de 50 años, de los cuales el 45,12% tienen 60 años o más. Estos datos indican una alta proporción de personas en edades avanzadas, lo que podría tener implicaciones en términos de relevo generacional y sostenibilidad a largo plazo de la industria cafetera. Asimismo, el 49,05% de los productores tienen solo educación primaria, seguido por un 28,55% con bachillerato y un 16,9% que no cuentan con ningún nivel de escolaridad.
Por lo tanto, la garantía de compra debe defenderse. Ha sido un instrumento fundamental para dar estabilidad al pequeño productor. Sin embargo, esa garantía no existe en abstracto; se hace posible en los municipios, en los puntos de compra, en las veredas y, especialmente, con las cooperativas cafeteras que reciben el café y responden al pequeño productor, además de ofrecer beneficios sociales como educación y otros.
La información recopilada por la Supersolidaria en el diálogo con el sector solidario cafetero revela innumerables desafíos y un sector debilitado. Las cooperativas reconocen la importancia de la garantía de compra y de la institucionalidad cafetera, pero también han señalado barreras concretas para acceder a programas de apoyo, recursos de comercialización, instrumentos de financiación y mecanismos de gestión del riesgo. En la práctica, muchas cooperativas han terminado siendo el brazo operativo de la garantía de compra, actuando como intermediarias, pero no necesariamente como las principales beneficiarias de los instrumentos que deberían fortalecerlas, ya que los recursos parafiscales del café deben servir de manera efectiva al caficultor y a sus organizaciones.
Mientras cumplen un papel esencial para que el café de los pequeños productores tenga comprador, enfrentan problemas de liquidez, altos costos financieros, volatilidad del precio internacional, debilidades en capital de trabajo, dificultades para acceder a crédito, competencia informal, rezagos tecnológicos y ausencia de herramientas suficientes de cobertura frente al riesgo de mercado.
Como gobierno, se ha impulsado una agenda para el sector cafetero dirigida al pequeño productor. El rescate de Cooperandes, la cooperativa cafetera más importante del país, ha sido un hito para el suroeste antioqueño y para Colombia. Lo que ha planteado este gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Hacienda, es una apuesta colectiva para fortalecer la institucionalidad cafetera, de manera que esta sea la oportunidad para las políticas e instrumentos que nacen de los recursos de la parafiscalidad.
Este gobierno, como nunca, ha defendido una apuesta por una institucionalidad cafetera fortalecida y democratizada. Ahí entran la Federación Nacional de Cafeteros como institucionalidad, las cooperativas cafeteras —que deben ser más que intermediarias— y la base social, el pequeño productor, para construir un sector cafetero que apunte a disminuir la desigualdad y la pobreza en Colombia.
