Alerta en el sector empresarial por requerimientos de información sobre precios
En días recientes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha generado una notable preocupación en diversos sectores económicos del país. La entidad ha expedido una serie de requerimientos de información dirigidos a empresarios colombianos, solicitando detalles sobre costos de producción, utilidades y metodologías para establecer precios. Esta acción coincide temporalmente con declaraciones del presidente de la República sobre cómo deben entenderse los precios en la economía nacional.
Fundamentos constitucionales en riesgo
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia establece con claridad la libertad de empresa y la libre iniciativa privada como pilares fundamentales para el funcionamiento de nuestra economía de mercado. Según analistas económicos, los requerimientos de la SIC podrían estar vulnerando indirectamente estos derechos constitucionales al solicitar información sensible que forma parte del núcleo de la competencia empresarial.
"El mercado tiene la virtud de concebir el precio de un bien o servicio como el resultado de la articulación de la oferta y la demanda", explica Juan Pablo Herrera Saavedra, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. "No se puede evaluar un proceso de formación de precios desde una óptica incompleta que se limita a indagar sobre costos de producción".
El precio como variable de información
Desde finales del siglo XIX, economistas como Alfred Marshall en su obra Principios de Economía (1890) han expuesto magistralmente cómo los precios funcionan como variables de información en los mercados. Estos generan incentivos, señalizan a los consumidores y permiten la asignación eficiente de recursos en la economía.
"Querer responder a la pregunta de cómo un mercado forma un precio a partir de la exigencia de remitir detalles sensibles y propios de cada oferente no solo vulnera la libre iniciativa privada, sino que desconoce el funcionamiento básico de un mercado", advierte Herrera Saavedra. "Esto es equivalente a querer vaciar una represa con una cuchara".
Precedentes en la regulación de precios
El régimen de libre competencia en Colombia contempla como situación absolutamente excepcional la posibilidad de sancionar conductas restrictivas por lo que se conoce como "precios inequitativos". En los últimos 30 años, apenas dos casos han sido icónicos sobre este particular en la historia de la libre competencia colombiana.
"Solamente aquellos casos absolutamente excepcionales que se encuentran fuera de la lógica de los mercados justifican contemplar sanciones por precios inequitativos", señala el análisis. Un ejemplo representativo sería un incremento del 1.200% en una tarifa en una plataforma aeroportuaria, aunque incluso en situaciones extremas como la pandemia, la misma SIC archivó investigaciones de esta índole por falta de suficiencia probatoria.
Implicaciones para la economía colombiana
La preocupación actual por cómo se forman los precios en el mercado coincide curiosamente con afirmaciones del Gobierno nacional sobre la ausencia de presiones inflacionarias autoprovocadas. Algunos analistas relacionan esto con lo que consideran un "antitécnico decreto de incremento del salario mínimo".
"Es muy preocupante que se quiera limitar a los mercados para que los precios dejen de cumplir su función como mecanismos de asignación eficiente en la economía colombiana", advierte el decano de Economía. "Ninguna entidad centralizadora podrá actuar como un subastador de precios en mercados con pluralidad de agentes con resultados igualmente eficientes a los que produce el mercado".
Llamado desde la academia
Desde el ámbito académico, se hace un llamado a una discusión profunda sobre este tipo de situaciones que ocurren en nuestra economía y que podrían poner en riesgo el funcionamiento de los mercados. La libre competencia económica no se protege requiriendo de manera masiva a empresarios de diferentes sectores, interrogándolos sobre cómo se forman los precios en los mercados en los que participan.
"El libre mercado exige estrategias muy diferentes y más seguras para promover y proteger verdaderamente este derecho de interés colectivo", concluye el análisis. Se deben buscar mecanismos que no desestimulen la participación de los agentes en el mercado y que garanticen simultáneamente eficiencia económica y bienestar de los consumidores en Colombia.
