Bogotá implementa controles estrictos para ventas ambulantes con nuevo decreto distrital
La Alcaldía Mayor de Bogotá ha generado un intenso debate social con la expedición del Decreto 117 de 2026, una normativa que busca transformar radicalmente la gestión del espacio público en la capital colombiana. La medida, defendida por la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas, establece restricciones significativas para las actividades comerciales informales que durante décadas han caracterizado el paisaje urbano bogotano.
Prohibición de elementos inflamables y regulación de servicios
Entre las disposiciones más controvertidas del decreto se encuentra la prohibición absoluta del uso de cilindros de gas y sustancias inflamables en el espacio público. Esta medida afecta directamente a miles de vendedores ambulantes que utilizan pipetas de gas para preparar alimentos como arepas, chorizos y mazorcas en calles y andenes. "Para la salubridad de todos los bogotanos, vamos a establecer zonas especiales con food trucks que cumplan condiciones técnicas adecuadas", explicó Bastidas durante la presentación de la normativa.
La funcionaria fue enfática al señalar los riesgos asociados a estas prácticas: "La pipeta de gas manipulada sin cumplir normas técnicas puede provocar emergencias graves, y eso es precisamente lo que busca prevenir la administración distrital". El decreto también regula actividades como servicios de peluquería, aplicación de tatuajes y procedimientos odontológicos informales que se realizan en vías públicas, considerándolos como prácticas de alto riesgo sanitario.
Problemas de higiene y captura del espacio público
Bastidas ilustró los problemas de salubridad con ejemplos concretos que han documentado las autoridades: "Hemos evidenciado situaciones extremas donde personas orinan en árboles de la esquina y luego preparan alimentos en el mismo lugar, afectando la seguridad de todos los ciudadanos". Estas condiciones insalubres motivaron parte de las restricciones establecidas en el decreto, que busca garantizar estándares mínimos de higiene en la venta de alimentos.
Otro objetivo central de la normativa es recuperar el control del espacio público que, según las autoridades distritales, ha sido capturado por estructuras ilegales en diversos sectores de la ciudad. "Es imperativo recuperar andenes, puentes peatonales y plazas públicas, quitándoselos a las mafias que se han adueñado de estos espacios", señaló el documento base del decreto. La administración pretende diferenciar entre vendedores vulnerables que buscan sustento diario y operadores informales organizados que explotan comercialmente el espacio público.
Servicios de alto riesgo en vías públicas
El decreto pone especial atención a prácticas que representan peligros significativos para la salud pública. Bastidas se refirió con preocupación a servicios detectados en sectores como San Victorino: "Es realmente alarmante encontrar procedimientos de ortodoncia, colocación de piercings y extracciones dentales realizados sin ningún requisito de salubridad en plena vía pública".
La directora del DADEP advirtió sobre los riesgos de estas prácticas: "Cuando alguien se extrae una muela en medio de una plaza pública, está exponiéndose a todo tipo de infecciones y complicaciones médicas". La normativa establece que estos servicios deben realizarse exclusivamente en espacios autorizados que cumplan con estándares técnicos y sanitarios adecuados.
Alternativas de formalización y respuesta social
Pese a las restricciones, la administración distrital insiste en que el decreto no busca eliminar fuentes de sustento, sino reorganizar la economía informal bajo parámetros de seguridad y legalidad. El Instituto para la Economía Social (IPES) ofrecerá programas integrales que incluyen:
- Capacitación técnica para vendedores informales
- Oportunidades de empleo formal
- Procesos de reubicación en espacios autorizados
- Asesoría para emprendimientos regulados
Según cifras oficiales, más de 19 mil vendedores han sido caracterizados desde 2024, lo que permitirá diseñar estrategias diferenciadas según perfiles socioeconómicos. La administración ha garantizado que los operativos de recuperación del espacio público se realizarán respetando estrictamente el debido proceso y los derechos fundamentales.
Sin embargo, las medidas han generado protestas entre sectores de vendedores ambulantes que consideran amenazado su derecho al trabajo. Frente a estas preocupaciones, Bastidas respondió: "Lo que buscamos es equilibrar tres elementos fundamentales: seguridad ciudadana, salubridad pública y derecho al trabajo, pero siempre cumpliendo reglas del juego claras y transparentes".
Transformación estructural del espacio público
El Decreto 117 de 2026 representa un punto de inflexión en la gestión del espacio público bogotano, combinando estrategias de regulación, formalización y control urbano. La administración distrital ha diseñado una implementación gradual que incluye:
- Creación de rutas y corredores comerciales autorizados
- Organización de espacios bajo puentes para actividades comerciales
- Establecimiento de zonas especiales para food trucks regulados
- Desarrollo de programas de transición hacia la formalidad
"La importancia de este decreto ya la estamos demostrando con acciones concretas", concluyó Bastidas. "Buscamos organizar el espacio público bogotano con criterios de limpieza, seguridad y orden, transformando positivamente la dinámica de la economía informal en nuestra capital". La implementación de esta normativa marcará un antes y un después en la relación entre comercio informal, espacio público y calidad de vida urbana en Bogotá.
