Conflicto judicial salpica a empresario cercano a la primera dama por proyecto inmobiliario en Bogotá
Lo que durante años fue promocionado como un modelo atractivo de inversión inmobiliaria en el centro de Bogotá hoy se encuentra en medio de un fuerte enfrentamiento legal que involucra al empresario catalán Manuel 'Manel' Grau Pujadas, figura cercana a la primera dama Verónica Alcocer. Los copropietarios de la Torre Barcelona, un edificio de apartaestudios con operación tipo hostal, han presentado acusaciones formales contra el empresario por presuntas irregularidades en el manejo de recursos financieros y por no cumplir con las rentabilidades que fueron comprometidas al momento de la inversión.
El proyecto y sus protagonistas
La Torre Barcelona, una estructura de 28 pisos que abarca aproximadamente 28.000 metros cuadrados, fue concebida originalmente como una iniciativa para captar inversionistas interesados en rentas dirigidas al sector estudiantil. Desde su concepción, Manuel Grau figuró como el principal impulsor del proyecto, mostrando un interés personal en el lote donde finalmente se levantó la edificación.
La construcción estuvo a cargo del Grupo Solerium, mientras que sociedades vinculadas directamente al empresario catalán lideraron la comercialización de las unidades, cuyos precios iniciales oscilaban alrededor de los 140 millones de pesos. En una fase temprana del proyecto también participó Barcelona Export Group, liderada por Xavier Vendrell, quien confirmó su participación hasta el año 2019, momento en que decidió vender su parte accionaria.
Estructura operativa y cambios controversiales
El esquema de operación inicial se estructuró a través de Smart Rooms Colombia S.A.S., pero posteriormente la gestión administrativa y financiera quedó en cabeza de The Spot Centro S.A.S., sociedad que terminó concentrando el manejo de todos los recursos del proyecto. Esta empresa tiene su matriz en Smart Rooms Company SL, registrada en Barcelona y propiedad de Josep Oriol Serrat Fillat, con Manuel Grau como socio principal.
Registros mercantiles disponibles muestran que el empresario figuró como representante legal y propietario de The Spot Centro durante los primeros años de operación del edificio. Con el inicio de actividades se constituyó un fideicomiso destinado a recibir los ingresos y distribuirlos entre los inversionistas, pero en medio de crecientes inconformidades por la falta de participación en decisiones clave, el control efectivo de los dineros pasó completamente a The Spot Centro.
Acusaciones de los inversionistas
Los copropietarios aseguran que la rentabilidad prometida, que proyectaba un promedio del 7,92% anual durante diez años (superior al 5,5% del mercado residencial convencional), no se materializó en la práctica. Según Defensa Inmobiliaria, firma que representa a más de 220 propietarios afectados, los retornos reales habrían sido cercanos al 3%, a pesar de que se proyectaban ventas anuales alrededor de los 10.000 millones de pesos.
Los inversionistas cuestionan severamente la transparencia en la entrega de información financiera y señalan que el contrato fiduciario se habría constituido sin su participación ni consentimiento informado. Este malestar colectivo quedó claramente reflejado en asambleas de copropietarios, donde en una reunión específica del 24 de mayo de 2025, el 82% de los asistentes manifestó que existió una violación sistemática al derecho de inspección por parte del operador.
Acciones legales en curso
Ante la Superintendencia Financiera de Colombia, los copropietarios han interpuesto múltiples demandas contra Credicorp Capital Fiduciaria, el fideicomiso constituido, The Spot Centro y las sociedades promotoras y constructoras involucradas. Paralelamente, preparan una denuncia penal contra Smart Rooms, The Spot y el propio Manuel Grau por presuntos delitos que incluyen:
- Estafa agravada
- Administración desleal de recursos
- Abuso de confianza
- Estructuración de entramados contractuales en detrimento de los inversionistas
Adicionalmente, una de las primeras acciones legales que tocó directamente al empresario provino de la familia dueña original del lote, que presentó una queja disciplinaria ante el Consejo Seccional de la Judicatura al advertir supuestos acuerdos desventajosos durante la fase de negociación inicial.
La versión del operador
Desde el entorno del operador, se sostiene que fueron retirados de manera forzosa del edificio el pasado 8 de enero, en lo que califican como una "toma ilegal" que dejó en situación de incertidumbre a 143 estudiantes residentes. Afirman haber interpuesto las acciones legales correspondientes y denuncian que no se les permitió una salida concertada ni ordenada de las instalaciones.
Los representantes de Grau aseguran que, aunque efectivamente hubo meses con resultados financieros inferiores a lo proyectado, en algunos periodos específicos se alcanzaron rendimientos cercanos al 7%, cumpliendo parcialmente con las expectativas iniciales. Sin embargo, al cierre de esta investigación periodística, Manuel Grau no respondió a los múltiples intentos de comunicación para conocer su versión oficial sobre todas las denuncias presentadas.
Contexto político y relaciones personales
El caso adquiere dimensiones adicionales debido a la relación cercana que mantiene Manuel Grau con la primera dama Verónica Alcocer, habiendo sido vistos juntos en eventos sociales e incluso durante la estadía de Alcocer en Suecia. Esta conexión personal añade capas de complejidad a un conflicto que ya de por sí involucra importantes sumas de dinero y afecta a cientos de inversionistas colombianos.
La Torre Barcelona, presentada inicialmente como una iniciativa de empresarios catalanes con vínculos en el entorno del presidente Gustavo Petro, atraviesa actualmente uno de sus momentos más difíciles debido al inconformismo generalizado de sus copropietarios, quienes exigen transparencia, rendición de cuentas y el cumplimiento de los compromisos financieros originalmente establecidos.
