Contraloría advierte vacíos en decreto que fija precios de vivienda VIS en pesos
La Contraloría General de la República instaló una mesa técnica con los ministerios de Vivienda y Comercio, junto con la Superintendencia de Industria y Comercio, para evaluar el impacto del proyecto de decreto gubernamental que propone desligar el costo de las viviendas de interés social y prioritario del salario mínimo, fijándolo directamente en pesos colombianos.
Modificación estructural del mercado inmobiliario
Durante el encuentro, la Delegada de Vivienda del ente de control analizó la política pública vigente y examinó los efectos que traería la nueva normativa sobre compradores y empresas constructoras. La Contraloría explicó que esta modificación estructural afecta a más de la mitad del mercado inmobiliario colombiano, considerando que anualmente se venden más de 100 mil viviendas de interés social en todo el territorio nacional.
La Vivienda de Interés Social (VIS) tiene como objetivo facilitar el acceso a la propiedad mediante subsidios gubernamentales y de cajas de compensación, siendo una solución habitacional diseñada específicamente para familias de ingresos bajos y medios.
Incertidumbre en proyectos ya estructurados
A pesar de la magnitud de la iniciativa, la Contraloría General señaló que existen preocupaciones persistentes frente a la viabilidad jurídica y financiera de los proyectos habitacionales que ya se encuentran en marcha. La principal alerta institucional recae sobre el vacío normativo para aquellos contratos de compraventa que ya fueron pactados y fijados en salarios mínimos, un escenario que genera inestabilidad económica significativa.
La entidad advirtió que, frente a estos casos específicos, no se tiene una ruta clara por parte del Gobierno Nacional para reglamentar la transición y proteger los recursos de las familias involucradas, lo que podría afectar directamente a miles de colombianos que ya iniciaron procesos de adquisición de vivienda social.
Detalles del proyecto de decreto
El Ministerio de Vivienda publicó en enero el borrador de decreto que ordena cobrar las VIS en pesos y prohíbe que su valor aumente cada año según el salario mínimo. La norma busca:
- Acabar con la incertidumbre de los compradores que ven crecer su deuda durante la construcción
- Establecer el precio total en pesos colombianos desde la separación del inmueble
- Prohibir mecanismos de indexación automática basados en aumentos salariales
- Castigar prácticas abusivas como dilaciones injustificadas en la firma de escrituras
El documento especifica que solo podrán realizarse ajustes al precio cuando suban los costos de los insumos de construcción por motivos extraordinarios, lo cual deberá demostrarse con cifras oficiales del DANE.
Seguimiento continuo y conclusiones
Ante los riesgos identificados durante la mesa técnica conjunta, el órgano de control concluyó que mantendrá un seguimiento periódico al desarrollo de este proyecto de decreto, ratificando que sus determinaciones tienen un efecto que impacta directamente sobre la población colombiana. La Contraloría enfatizó la necesidad de establecer directrices claras para los negocios inmobiliarios estructurados con anterioridad a la alza salarial del año 2026.
Para los proyectos ya iniciados, el Gobierno aclaró que podrán terminar con las reglas anteriores si ya están consolidados, pero advirtió que al momento de firmar la escritura final, el precio no se puede indexar ni subir nuevamente, buscando proteger a las familias de incrementos inesperados.
