Corte Suprema de EE.UU. tumba aranceles de Trump: ¿qué sigue para empresas colombianas?
Corte Suprema de EE.UU. tumba aranceles de Trump: impacto en Colombia

Fallo histórico redefine política arancelaria de Estados Unidos

En una decisión que marca un precedente en la separación de poderes y el comercio internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente Donald Trump a imponer aranceles unilateralmente, pues esta facultad corresponde exclusivamente al Congreso estadounidense.

"El fallo reafirma que la política arancelaria no puede convertirse en una herramienta discrecional del Ejecutivo sin límites definidos por el Congreso", explicó Nicolás Potdevin, socio de Pérez-Llorca / Gómez-Pinzón, destacando la relevancia constitucional de esta determinación.

Colombia entre los países beneficiados

Esta decisión judicial beneficia directamente a Colombia, ya que el presidente Trump había impuesto un arancel del 10% a numerosos productos nacionales que ingresan al mercado estadounidense. Sin embargo, la implementación práctica del fallo presenta matices importantes que las empresas exportadoras deben considerar.

Abecé de efectos inmediatos y futuros

¿Se eliminan automáticamente los aranceles?

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, aclara que aunque el efecto jurídico es inmediato, "esto no implica que los aranceles dejen de cobrarse automáticamente". Existe un plazo procesal de hasta 25 días para solicitar reconsideración, y la implementación operativa dependerá de instrucciones formales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

¿Habrá devolución de dinero cobrado?

Las reclamaciones de devolución dependerán del estado de cada importación, conforme a la normatividad aduanera estadounidense. Javier Díaz, presidente de Analdex, señaló que "muy seguramente vendrán demandas para recuperar los aranceles pagados", mientras María Paula Sánchez, socia de Posse Herrera Ruiz, anticipa un complejo proceso de devolución de millones de dólares recaudados durante el último año.

Recomendaciones para empresas afectadas

AmCham Colombia recomienda a las empresas colombianas:

  • Revisar con agentes y asesores aduaneros el estado de cada operación
  • Monitorear las directrices que publique la aduana estadounidense en los próximos días
  • Mantener atención sobre la implementación práctica del nuevo marco jurídico

Impacto en la relación bilateral

Nicolás Potdevin considera que este escenario puede traducirse en "una mayor previsibilidad con el principal socio estratégico de Colombia", donde la estabilidad normativa cobra especial valor en un entorno global volátil.

Opciones restantes para la administración Trump

El Gobierno estadounidense aún cuenta con alternativas para mantener aranceles:

  1. Acudir al Congreso para solicitar facultades específicas
  2. Presentar proyectos de ley para aprobación formal
  3. Utilizar otras herramientas legales como las Secciones 232 (seguridad nacional) o 301 (comercio desleal)

Sin embargo, estas opciones requieren investigaciones previas y justificaciones técnicas más rigurosas que las que exigía la IEEPA, lo que podría retrasar cualquier nueva imposición arancelaria.

Límites del fallo judicial

Es crucial entender que la decisión de la Corte Suprema no elimina automáticamente todos los aranceles vigentes para Colombia. La sentencia se limita exclusivamente a los gravámenes sustentados en la IEEPA, manteniéndose otros bajo marcos legales como las Secciones 232, 301, 201 o 122, incluyendo los aranceles al acero y aluminio.

Panorama futuro para las empresas exportadoras

María Paula Sánchez explica que aunque el presidente Trump no queda completamente inhabilitado para imponer nuevos aranceles, "el fallo lo obliga a cambiar de estrategia". Cualquier intento de "modificar" aranceles a otras leyes podría llevar tiempo significativo, proporcionando un respiro temporal a los exportadores colombianos.

Las empresas deben prepararse para un escenario de transición donde la claridad jurídica se combina con incertidumbre administrativa, mientras las autoridades estadounidenses ajustan sus procedimientos a la nueva realidad legal establecida por la Corte Suprema.