Las empresas colombianas enfrentan uno de los escenarios arancelarios más difíciles de los últimos años. El inicio de año trajo subidas en los impuestos aduaneros en varias categorías de productos, a lo que se sumaron las tensiones internacionales con Ecuador. Datos analizados a través de Suplos, plataforma tecnológica especializada en procesos de compras y contratación para grandes organizaciones, indicaron que la escalada de estos impuestos ya afecta a 2.700 empresas, y sectores como la construcción son los más perjudicados, con pérdida de competitividad, encarecimiento de insumos y riesgos en el suministro.
Incrementos arancelarios clave
Según Oskar Sarquis, CEO de Suplos, algunos de los incrementos más importantes están en el sector siderúrgico y de otros metales, ya que se dio una reinstauración de tarifas del 25 por ciento sobre acero y aluminio, junto con la proyección de que la tasa arancelaria efectiva alcance niveles cercanos al 13 por ciento en 2026. El entorno actual ha reducido la capacidad de anticipación de las organizaciones. Las áreas de abastecimiento que antes operaban con visibilidad a 90 días, hoy no pueden proyectarse más allá de 30. Esto presiona los márgenes y obliga a replantear contratos con proveedores que muchas empresas aún no tienen digitalizados ni correctamente gestionados, explica Sarquis.
Sectores más afectados
El efecto no es homogéneo. Segmentos de la economía como la construcción e infraestructura enfrentan incrementos relevantes debido al encarecimiento del acero, que representa el 16,3 por ciento de sus gastos directos. En última instancia, esto podría incrementar el valor de la vivienda nueva. La manufactura y las confecciones, altamente dependientes del mercado estadounidense, han perdido competitividad. El retail y el consumo masivo lidian con mayores precios y menor rotación de inventarios, mientras que la agroindustria y los alimentos procesados se ven presionados por la volatilidad de insumos y por las restricciones en mercados internacionales.
Riesgos estructurales
Aparte del encarecimiento, emergen riesgos estructurales que las organizaciones pueden no detectar a tiempo. Por ejemplo, la creación de tensiones contractuales por cláusulas que no contemplaban cambios arancelarios, alta dependencia de proveedores —especialmente de Asia y Norteamérica— y posibles escenarios de desabastecimiento que llevan a recurrir a alternativas más costosas y menos eficientes.
Conflicto arancelario con Ecuador
El conflicto arancelario entre Colombia y Ecuador comenzó el 21 de enero de 2026, cuando el gobierno de Daniel Noboa anunció una sobretasa del 30 por ciento a las importaciones colombianas como mecanismo de presión, argumentando falta de cooperación de la Casa de Nariño frente al narcotráfico y la seguridad fronteriza. Como respuesta, el gobierno de Gustavo Petro decretó el 22 de enero aranceles recíprocos del 30 por ciento sobre 23 partidas y 73 subpartidas ecuatorianas. La medida impuesta por ambas partes tiene un enorme peso económico, ya que el comercio bilateral entre ambos países supera los US$3.000 millones anuales y, según cifras oficiales colombianas, dejó un superávit cercano a US$865 millones para Colombia en 2025.
La crisis se profundizó el 1 de marzo de 2026, cuando Ecuador elevó los aranceles del 30 al 50 por ciento para la mayoría de los productos colombianos. Colombia respondió con un aumento equivalente sobre más de 100 productos ecuatorianos, incluyendo alimentos y químicos. Además, el gobierno de Petro suspendió exportaciones de energía hacia Ecuador y restringió parte del ingreso terrestre de mercancías agropecuarias. En ese momento, el gobierno ecuatoriano justificó las medidas afirmando que el control de la frontera le estaba costando cerca de US$400 millones anuales y que mantenía un déficit comercial de US$1.100 millones frente a Colombia.
El punto más crítico llegó en abril de 2026, cuando Ecuador anunció aranceles del 100 por ciento para productos colombianos a partir del 1 de mayo. La medida afectó a sectores como automotriz, farmacéutico, alimentos, entre otros. La Comunidad Andina intervino y ordenó desmontar las restricciones comerciales en un plazo de diez días hábiles, al considerar que vulneraban los acuerdos de libre comercio del bloque. Para entonces, la balanza comercial deficitaria de Ecuador había pasado a US$157 millones en el mismo periodo de 2026, reflejando una fuerte caída del intercambio binacional.
Oskar Sarquis, CEO de Suplos, también señaló que esto agravó la situación arancelaria. En lo corrido del año, ese país elevó sus gravámenes hasta un 100 por ciento sobre productos colombianos, lo que ya provocó una caída del 27,1 por ciento en las exportaciones hacia ese mercado y ha impactado a más de 2.700 compañías.
Medidas de las empresas para sobrellevar la crisis
Las compañías que mejor están respondiendo comparten patrones claros: han diversificado su base de abastecimiento incorporando opciones locales y regionales, han digitalizado sus procesos para tener control en tiempo real y utilizan información estructurada que les permite anticipar escenarios y actuar con mayor agilidad. La tecnología ha resultado decisiva en medio de esta transición. Herramientas de analítica, automatización e inteligencia artificial permiten identificar riesgos en proveedores, agilizar procesos de compra y proyectar efectos financieros ante cambios en el entorno. Estamos viendo un cambio estructural: las empresas responden con mayor rapidez y precisión, agrega Sarquis.
En el escenario del comercio internacional, que es cada vez más dinámico, desde Suplos recomiendan avanzar en la visibilidad integral de la cadena de suministro, digitalizar la gestión de compras, incorporar criterios de riesgo en la selección de aliados, monitorear de forma constante los cambios regulatorios, negociar contratos con mecanismos de ajuste y centralizar la información para mejorar la capacidad de negociación.
