Escándalo judicial sacude proyecto Torre Barcelona en Bogotá
El proyecto inmobiliario Torre Barcelona, un edificio de 28 pisos y aproximadamente 28.000 metros cuadrados ubicado en el corazón de Bogotá, se ha convertido en el epicentro de un complejo conflicto judicial entre copropietarios y la empresa operadora. La iniciativa, originalmente concebida para el arriendo de apartaestudios a estudiantes bajo modalidad de hostal, habría sido impulsada por el empresario catalán Manuel 'Manel' Grau Pujadas, figura cercana a la primera dama colombiana, Verónica Alcocer.
Orígenes y desarrollo del proyecto
En la concepción, construcción y administración del emblemático edificio participaron diversos empresarios catalanes con vínculos cercanos al presidente Gustavo Petro y a la primera dama. Según investigaciones periodísticas, Grau mostró especial interés por el lote donde finalmente se erigió la torre, mientras que el Grupo Solerium asumió la responsabilidad de la construcción. Sociedades vinculadas directamente al empresario catalán se encargaron de la comercialización de las unidades habitacionales, que inicialmente se ofrecieron al público por sumas cercanas a los 140 millones de pesos.
En una primera etapa del proyecto también participó activamente Barcelona Export Group, cuya fundación corresponde a Xavier Vendrell. Este empresario confirmó que impulsó el desarrollo inmobiliario hasta el año 2019, momento en el cual decidió vender todas sus participaciones en la iniciativa.
Problemas en la operación y administración
Las ventas de las unidades comenzaron aproximadamente en 2016, y para el año 2020 el edificio fue finalmente entregado para iniciar sus operaciones comerciales. Una condición fundamental establecía que la administración debía permanecer en manos de la misma empresa operadora. El contrato de operación se otorgó inicialmente a Smart Rooms Colombia S. A. S., entidad que posteriormente se transformó en The Spot Centro S. A. S. Esta última compañía asumió el manejo integral del edificio y del fideicomiso creado específicamente para recibir y distribuir los recursos financieros entre todos los inversionistas participantes.
Según registros oficiales de la Cámara de Comercio de Bogotá, Manuel Grau figura inicialmente como representante legal y propietario de la empresa operadora, manteniendo control directo sobre el fideicomiso establecido para el proyecto. Esta estructura administrativa ha sido cuestionada posteriormente por los copropietarios afectados.
Denuncias y acciones legales emprendidas
Con el transcurso del tiempo, surgieron reclamos formales por parte de los propietarios. Estos están representados por la firma Defensa Inmobiliaria, que agrupa a dueños de más de 220 unidades dentro del edificio. Los afectados sostienen que la rentabilidad proyectada originalmente -7,92% anual a diez años- no se ha cumplido en absoluto, y que los retornos reales habrían sido cercanos a apenas 3%, a pesar de que las ventas anuales del proyecto se estimaban en aproximadamente 10.000 millones de pesos.
Por estas razones, los copropietarios preparan actualmente denuncias penales contra Smart Rooms, The Spot y contra el propio Manuel Grau por presuntos delitos que incluyen estafa, administración desleal y abuso de confianza. Además, han interpuesto acciones formales ante la Superintendencia Financiera de Colombia contra la fiduciaria, el fideicomiso, el operador y las sociedades promotoras y constructoras, alegando presuntas irregularidades en la constitución y manejo del contrato fiduciario.
Conflicto por la administración del edificio
En paralelo a estas acciones legales, el operador The Spot Centro informó que fue retirado forzosamente de la administración del edificio el 8 de enero, en lo que califica como una "toma forzosa" por parte de grupos de copropietarios. La empresa asegura que esta situación afecta directamente a 143 estudiantes residentes y que ya ha interpuesto querellas policivas y denuncias penales por los hechos ocurridos. Los copropietarios, por su parte, afirman que se trató únicamente de una recuperación pacífica de la tenencia del inmueble, justificada por los incumplimientos contractuales.
Hasta el momento de cerrar esta información, Manuel Grau no se ha pronunciado públicamente sobre este caso que involucra su nombre y reputación empresarial. El silencio del empresario catalán contrasta con la creciente atención mediática y judicial que ha generado el conflicto en torno a la Torre Barcelona, proyecto que prometía altas rentabilidades pero que hoy enfrenta serias acusaciones de irregularidades financieras.
