La paradoja colombiana: castigo al cumplimiento e impunidad para el crimen organizado
En Barranquilla, Mauricio ha construido durante doce años un negocio ejemplar de venta de insumos de construcción. Cumple con todas las obligaciones fiscales, declara puntualmente, cuenta con contador y revisor fiscal, y mantiene un archivo impecable de facturas. Sin embargo, en marzo enfrentó una situación devastadora: uno de sus clientes más importantes le adeudaba cuarenta millones de pesos y simplemente no pagó. El problema es que el IVA de esa venta ya había vencado.
Mauricio nunca recibió ese dinero, pero la DIAN no considera las realidades económicas de los contribuyentes. Solo exige el pago. Ahora enfrenta multas, intereses usurarios y un proceso sancionatorio. Doce años de formalidad absoluta, y el Estado lo trata como a un delincuente por un impuesto correspondiente a un dinero que nunca llegó a sus manos.
El otro lado de la moneda: la impunidad del contrabando
Mientras tanto, al otro extremo del país opera con total impunidad alias "Pitufo", identificado por Noticias Caracol como el zar del contrabando en Colombia. Desde La Guajira, mueve billones de pesos anuales en electrodomésticos, cigarrillos y gasolina, sin pagar un solo peso en aranceles o IVA. Su actividad destruye empresas legítimas, corrompe autoridades y financia estructuras criminales.
¿La respuesta del gobierno de Gustavo Petro? No ha sido la persecución penal que correspondería. En cambio, lo ha invitado a negociar bajo el paraguas de la "Paz Total", una estrategia que muchos califican de cómplice y perversa. Esto no es un simple error administrativo, sino una declaración de principios del Estado colombiano actual.
Un sistema que penaliza la virtud y premia el saqueo
El filósofo Frédéric Bastiat ya advertía en el siglo XIX sobre los Estados donde todos intentan vivir a expensas de los demás. Hoy en Colombia, esta ficción se ha convertido en una cruda realidad. Mientras a Mauricio le embargan las cuentas por un IVA fantasma, el señor Pitufo disfruta de su tinto y mantiene líneas directas con funcionarios que deberían estar persiguiéndolo.
La señal que envía este gobierno es brutalmente clara:
- La ilegalidad ofrece retornos altísimos con impunidad garantizada
- La formalidad se ha convertido en un camino hacia el suicidio económico
El mensaje para jóvenes y emprendedores es desolador: ¿para qué madrugar, innovar y asumir riesgos si el Estado te exprimirá fiscalmente y luego negociará con quienes destruyen tu mercado?
El contrabando: un crimen con víctimas concretas
El contrabando no es un delito sin víctimas. Representa entre 15 y 20 billones de pesos anuales que distorsionan completamente el mercado nacional. Sus efectos son tangibles:
- El almacén de electrodomésticos en Medellín que cierra porque no puede competir contra precios que evaden impuestos
- La fábrica textil en Itagüí que despide a cincuenta madres cabeza de familia porque la mercancía ilegal aniquiló sus márgenes de ganancia
- Los miles de empleos formales destruidos por productos que ingresan sin controles
Quienes predican "justicia social" son frecuentemente los mismos que, al tolerar el crimen organizado, arrebatan a los más vulnerables su derecho a ganarse la vida honestamente. Destruyen lo que la economista Deirdre McCloskey llama la "igualdad de permiso": ese derecho fundamental a intentar, competir y prosperar sin que el Estado o sus socios delincuenciales bloqueen el camino.
Un Estado que perdió su autoridad moral
Un Estado que aplica las reglas de forma selectiva no administra justicia, sino que ejerce poder arbitrario. En Colombia, ese poder arbitrario tiene una dirección muy definida: aplastar a quien cumple y arrodillarse ante quien tiene músculo criminal. El Estado colombiano ha perdido cualquier autoridad moral, convirtiéndose en el matón del barrio que extorsiona al panadero mientras se asocia con el ladrón.
Generar riqueza legalmente en Colombia se ha convertido en un acto de rebeldía. Para este sistema perverso, el verdadero delito no es contrabandear, robar o destruir. El único crimen que el Estado no perdona es tener la osadía de trabajar honestamente, cumplir las normas y contribuir al desarrollo nacional. Una paradoja que está estrangulando el emprendimiento y premiando la ilegalidad en todo el territorio colombiano.
