Gobierno Petro enfrenta a Alpina por negativa a inspección laboral en planta de Sopó
El presidente Gustavo Petro ha entablado un enfrentamiento público con la reconocida empresa láctea Alpina, luego de que esta presuntamente se negara a permitir una inspección sorpresa del Ministerio de Trabajo en su planta ubicada en el municipio de Sopó, Cundinamarca. El mandatario advirtió a través de la red social X (antes Twitter) sobre posibles sanciones legales contra la compañía.
Advertencia presidencial y postura ministerial
"El ingreso de inspectores de trabajo es perentoria y está bajo la ley, no se expongan a sanciones", expresó Petro en su cuenta oficial, dirigiendo el mensaje directamente a los directivos de Alpina. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la posición del presidente y enfatizó que las inspecciones son un deber institucional.
"Ninguna empresa puede escapar a nuestra competencia, so pena de las sanciones que con todo rigor impondremos", declaró Sanguino, quien también utilizó la plataforma X para recordar que estas revisiones se realizan a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la normativa laboral.
Base legal de las inspecciones
Las acciones del Gobierno se fundamentan en la Ley 1610 de 2013, que regula específicamente las inspecciones de trabajo y los acuerdos de formalización laboral. Esta legislación otorga facultades a las autoridades para:
- Realizar inspecciones sin previo aviso en cualquier empresa
- Tomar medidas inmediatas para proteger los derechos laborales
- Imponer sanciones cuando se detecten irregularidades
Consecuencias legales para Alpina
Según la normativa vigente, las empresas que se nieguen a las inspecciones laborales pueden enfrentar sanciones significativas:
- Multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes por obstrucción a la función pública laboral
- Clausura temporal de las instalaciones inspeccionadas
- En el caso específico de Alpina, las multas podrían ascender aproximadamente a 10.000 millones de pesos
Contexto de la inspección
La inspección programada en la planta de Sopó se originó a partir de denuncias presentadas por trabajadores, según confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo. El ministro Sanguino recalcó que estas revisiones forman parte de una estrategia nacional de vigilancia y control que busca garantizar condiciones laborales dignas en todas las empresas del país.
Hasta el momento, Alpina no se ha pronunciado oficialmente sobre el conflicto con el Gobierno nacional, ni ha confirmado o desmentido la presunta negativa a la inspección. La empresa, reconocida por sus productos lácteos y helados, opera múltiples plantas en Colombia y genera empleo directo para miles de trabajadores.
Precedente en el sector empresarial
Este enfrentamiento marca un precedente significativo en las relaciones entre el Gobierno Petro y el sector empresarial colombiano. Las inspecciones sorpresa del Ministerio de Trabajo han aumentado en frecuencia durante los últimos meses, como parte de una política más activa de vigilancia laboral.
Expertos en derecho laboral consultados por este medio coinciden en que la Ley 1610 de 2013 otorga amplias facultades a los inspectores y establece sanciones severas para quienes obstaculicen su trabajo. Sin embargo, también señalan que las empresas tienen derecho a ciertas garantías procesales durante estos procedimientos.
