Procaña advierte: inseguridad jurídica y catastro impagable frenan el campo
Procaña: inseguridad jurídica y catastro impagable frenan campo

Durante la LIII Asamblea Anual de Afiliados de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña), celebrada en Cali, se lanzó una dura advertencia sobre los principales obstáculos que enfrenta el agro colombiano. La inseguridad jurídica, el catastro multipropósito y la crisis de seguridad física fueron señalados como los retos más apremiantes para el desarrollo del sector cañero y sus derivados.

La tríada de seguridad según el magistrado Ibáñez

El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, fue el primero en intervenir y subrayó que el progreso del campo depende de lo que denominó la “tríada de seguridad”: física, jurídica y alimentaria. “Sin seguridad física no existen condiciones materiales para producir, sin seguridad jurídica no hay incentivos para invertir ni confianza en el orden constitucional, y sin seguridad alimentaria se debilita la estabilidad social económica”, afirmó. Además, alertó sobre la expansión de estructuras criminales en zonas rurales, lo que agrava la situación.

Debate sobre el catastro multipropósito

Uno de los temas centrales fue el catastro multipropósito, que según los panelistas está afectando gravemente a los pequeños campesinos del sur del Valle y norte del Cauca. Lorena Garnica, abogada de Veria Asociados, denunció que el catastro se ha convertido en una herramienta meramente fiscalista. Puso como ejemplo un caso en Saravena, Arauca, donde el avalúo catastral se incrementó en un 2.5 millones por ciento. “No es un error de tipografía”, enfatizó.

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El senador Andrés Guerra (Centro Democrático) criticó la politización del catastro y acusó al gobierno de perseguir a los “terratenientes”, especialmente a los cañeros. “Gustavo Petro trató de hacernos una reforma estructural, la comunicó mal, la implementó peor y, tratando de buscar ideológicamente a los terratenientes, se está llevando por delante al campesino colombiano”, argumentó. Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), reiteró que sin seguridad jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay empleo ni alimentación.

Llamado a la acción

El encuentro contó con la participación de magistrados, legisladores y líderes gremiales, quienes coincidieron en la necesidad de restablecer la confianza en el marco jurídico y frenar los incrementos desmedidos en los avalúos catastrales. La asamblea dejó claro que el campo colombiano requiere medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad y competitividad.

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